MÉRIDA.- El Senado aprobó en lo general la reforma política-electoral, que establece cambios profundos al sistema político mexicano, como la reelección de legisladores y alcaldes, la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) y la posibilidad de gobiernos de coalición.

En la sesión de ayer, la reforma fue aprobada con 106 votos en favor, 15 en contra y una abstención. La reforma incluye cambios a poco más de 25 artículos de la Constitución.

Para el debate en lo particular se realizaron reservas a los artículos 26, 41, 54, 55, 59, 90, 102, 115 y 116 constitucionales; asimismo a seis artículos transitorios de esta reforma. Se esperaba que participaran en el debate más de 50 oradores.

Al fijar la postura del PRI, Verónica Martínez Espinoza dijo que se trata del rediseño de las nuevas figuras del sistema político, en el que el Congreso tendrá relevancia en la ratificación del gabinete presidencial para fortalecer un Estado con instituciones que respondan a las demandas sociales.

Héctor Larios Córdova, del PAN, recordó que esa bancada condicionó la aprobación de reforma política a la de la energética, y que los cambios aprobados en materia de reelección permitirán empoderar a la ciudadanía para elegir o castigar a sus gobernantes.

Ángel Benjamín Robles Montoya, del PRD, reconoció los avances sustanciales en materia política y rendición de cuentas, temas que fortalecen la participación ciudadana. Sin embargo, anunció que presentaría una serie de reservas, porque es insuficiente el tema de transparencia y fiscalización en campañas.

El senador panista Javier Corral Jurado, quien en la discusión en comisiones se abstuvo de avalar la reforma, manifestó su respaldo y dijo que se incluye la causal de nulidad de los comicios cuando se rebase en cinco por ciento el tope de gastos de campaña.

La senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, cuestionó el proceso para la aprobación y consideró que con el cambio de nombre de instituciones políticas y de Estado no se fortalecen la democracia ni la transparencia en los procesos electorales.

El dictamen, que podría tener algunas modificaciones en la discusión en lo particular, plantea la creación de una Ley de Partidos Políticos, que tendrá efectos en el país y en los estados.

También establece que los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos seguidos y los diputados hasta por cuatro periodos consecutivos. En ambos casos equivale a 12 años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por algún partido de la coalición que los postuló. La reforma entrará en vigor en 2018.

Se establecerá un sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones a límites de gastos de campaña, utilización de recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos públicos o la compra de cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión. Se incluye que el presidente de la República podrá optar por un gobierno de coalición con uno o algunos partidos políticos. Si se opta por un gobierno de coalición, el Senado ratificará a los secretarios de su gabinete, excepto los encargados de la Defensa Nacional y Marina. Además la Procuraduría General de la República (PGR) se transformará en una Fiscalía General de la República y aunque se plantea su autonomía su titular podrá ser removido por el Ejecutivo federal por causas graves. Los estados podrán establecer la elección consecutiva para presidentes municipales, regidores y síndicos, hasta por un periodo extra. La postulación sólo será por el mismo partido o alguno que lo haya postulado, o por la vía independiente si así fue electo la primera vez. Se crea el Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución del IFE. Los recursos materiales, humanos y financieros del segundo pasarán al nuevo organismo. Se mantendrán los institutos electorales de los Estados, pero el INE deberá nombrar a sus nuevos 11 consejeros electorales. También se establece que el porcentaje de votación para mantener el registro como partido político pasará de dos a tres por ciento. Los candidatos independientes tendrán acceso a las prerrogativas y tiempos de difusión para campañas. Las nuevas leyes electorales deberán publicarse a más tardar el 30 de junio de 2014. Se plantea la creación de una ley que regule la publicidad oficial, pero no se establece un plazo para su promulgación. A partir de 2024, el presidente electo tomará protesta el 1 de octubre y ya no el 1 de diciembre. La reforma dota de autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo encargado de la medición de pobreza, y se le faculta para emitir recomendaciones a los distintos niveles de Gobierno. Durante la discusión, integrantes colectivo Reforma Política Ya fueron retiradas de las galerías del Senado, luego de que intentaron manifestarse y lanzar consignas en contra del proceso legislativo. En tribuna el orador en ese momento, el senador Zoé Robledo Aburto, del PRD, pidió al personal de seguridad que tratara con respeto a las mujeres. La senadora Layda Sansores subió a apoyar a las manifestantes y criticó desde las galerías la decisión de desalojarlas. El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes, pidió dar lectura al Reglamento del Senado donde se asienta que están prohibidas ese tipo de expresiones y manifestaciones por parte de ciudadanos que asisten a las sesiones.

Al iniciarse ayer por la tarde la discusión del dictamen de la reforma político-electoral, el pleno del Senado dispensó la segunda lectura y de inmediato inició el debate.El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Raúl Cervantes Andrade, inició la sesión con un quórum de 87 legisladores de todos los partidos y de inmediato el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, presentó el dictamen referido.

La reforma pretende fortalecer la democracia y modernizar el Estado mexicano, a partir del replanteamiento con responsabilidad del diseño institucional de las estructuras políticas, que fomente la corresponsabilidad de Poderes y órdenes de gobierno en la ejecución de responsabilidades públicas. Entre los temas que se destacan es facultar al presidente de la República para definir de manera conjunta un programa de gobierno y una agenda común con cualquiera de los partidos representados en el Congreso de la Unión, es decir el llamado “gobierno de coalición”.

También, facultar al Congreso para ratificar los nombramientos de los secretarios de Estado, en caso de optar por gobierno de coalición, excepto los ramos de Defensa Nacional y de Marina.

Facultar al Senado, más allá de que se opte o no por un gobierno de coalición, para ratificar al canciller, y a la Cámara de Diputados para ratificar al secretario de Hacienda, los cuales de no ser ratificados en dos ocasiones, serán designados directamente por Ejecutivo federal.