MÉRIDA.- Luego de que sus medidas le dieron la oportunidad a un jalisciense de huir, luego de haber robado con violencia en esta ciudad, la controvertida juez Suemy del Rosario Lizama Sánchez  aplicó otra medida controversial, ya que al cómplice del prófugo le aplicó “aseguramiento domiciliario”, cuando debió ser prisión preventiva, según dicen varios abogados.   

Como publicamos, el asaltante jalisciense Juan Manuel Cubillos Jiménez se fugó, ya que la juez no le estableció ninguna medida provisional real para evitar que se evadiera, de modo que sólo se le sigue el proceso al yucateco Alexis Iván Rodríguez.

Durante la audiencia de vinculación a proceso penal, por el delito de robo con violencia, que no tiene de otra medida provisional que la prisión oficiosa, por ser un ilícito grave, la juez se concretó a imponerle al Alexis Iván “aseguramiento domiciliario” por el término de ocho meses.

Lo anterior también resulta un absurdo, puesto que si lo vinculó a proceso por el delito antes mencionado, a fuerzas el sujeto en cuestión debió de ser enviado a reclusión.

Cabe mencionar que al jalisciense nunca le estableció una medida cautelar provisional, aunque la juez tenía los elementos suficientes para hacerlo.

Desde un principio, la juez Lizama Sánchez determinó como ilegal el arresto de Cubillos y Rodríguez, por haber sido puestos a su disposición a destiempo, por parte de las autoridades policiacas.

Tampoco accedió a que se les ponga un brazalete o localizador electrónico, en virtud que “esa medida es desproporcional y atenta contra la dignidad humana”.

Se basó en el supuesto principio de inmediatez o idiotez, que nada más beneficia al “presunto” delincuente, lo que ha generado en los conocedores del tema legal muestras de descontento y que piden se modifique, además que no se aplique con rigorismo, “porque los jueces, más que las leyes, están obligados a impartir justicia y esta licenciada en derecho lo que hizo fue facilitar las cosas para que el delincuente se fugara”.

Contra el yucateco, los elementos de prueba no son del todo contundentes y puede recuperar su libertad en cualquier momento.

A lo anterior se suma los presuntos actos de tortura de que fue víctima y que lo mantienen en silla de ruedas, por los cuales se ha abierto una carpeta de investigación para encontrar a los responsables.

El botín que no aparece es de 490 mil pesos que presuntamente los procesados le despojaron a un diligenciero que momentos antes había retirado de una sucursal de Bancomer, ubicada sobre la avenida Cámara de Comercio.

Para eso, le dieron un cachazo en el cráneo y más tarde fueron detenidos.