MÉRIDA, Yucatán, sábado 07/11/2026.- El diputado local y presidente del PRI Yucatán, Gaspar Quintal Parra, afirmó que el estado enfrenta una crisis de efectividad del derecho humano a la salud que exige respuestas documentadas de las autoridades y medidas concretas para proteger a los pacientes.

“Una familia no puede atenderse con anuncios. Necesita encontrar un médico, recibir sus medicamentos y saber que, ante una urgencia, habrá una ambulancia y un hospital capaz de responder”, señaló.

Quintal Parra indicó que el informe financiero estatal del tercer trimestre, publicado el 5 de noviembre, registra 385.7 millones de pesos ejercidos de 842 millones modificados en el programa federal de atención y medicamentos gratuitos. La partida de política en salud materna, sexual y reproductiva reporta 2.22 millones ejercidos de 15.86 millones, mientras que la de salud mental y prevención de adicciones registra cero pesos ejercidos de 5.21 millones. Aclaró que estas cifras corresponden a partidas específicas y no prueban, por sí solas, la suspensión de servicios.

“Por eso pedimos que se informe qué recursos llegaron, qué se contrató y qué servicios recibió efectivamente la población. El ejercicio presupuestal debe poder seguirse hasta la atención de cada paciente”, sostuvo.

El legislador recordó que el 30 de octubre solicitó formalmente información al secretario de Salud de Yucatán, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, sobre la modificación del convenio federal de salud pública para 2026, que redujo en 24.31 millones de pesos su monto máximo convenido. Dentro de ese ajuste, el valor de los insumos convenidos para vacunación universal disminuyó 23.71 millones. Solicitó documentos sobre las dosis programadas, recibidas y aplicadas, así como la cobertura alcanzada en los 106 municipios.

Quintal Parra añadió que presentó en el Congreso un punto de acuerdo el 15 de octubre para pedir un diagnóstico de las carencias de atención en los 106 municipios y un plan público con responsables, recursos, metas y fechas. El 21 de octubre planteó que SSY e IMSS-Bienestar entreguen a cada trabajador trasladado del Hospital Materno Infantil al O’Horán certeza por escrito sobre su plaza, antigüedad, prestaciones y adscripción.

Ante el traslado de consultas y hospitalización al O’Horán desde el 3 de noviembre, pidió publicar el personal disponible por turno, los tiempos de traslado en ambulancia, los partos y urgencias atendidos, los diferimientos y los eventos adversos. También llamó a investigar las denuncias laborales y sobre condiciones de atención, distinguiendo los testimonios de los hechos acreditados.

“No estoy declarando una crisis humanitaria generalizada. Estoy advirtiendo que las señales actuales obligan a actuar antes de que una falla de atención tenga consecuencias irreparables. La respuesta del gobierno debe medirse en servicios que funcionen y derechos que se cumplan”, concluyó.