MÉRIDA, Yucatán, viernes 30/10/2026.- El diputado local Gaspar Quintal Parra y presidente del PRI Yucatán solicitó de manera formal al secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, información documental para evaluar con evidencia la efectividad del derecho humano a la salud.

El oficio habla de las modificaciones del convenio federal de salud pública para 2026. Entre la primera y la segunda, el monto máximo convenido disminuyó 24.31 millones de pesos. Dentro de esa variación, el valor de los insumos convenidos para Vacunación Universal bajó 23.71 millones de pesos.

“Esa diferencia no demuestra por sí sola que falten vacunas. Necesitamos saber cuántas dosis se programaron, cuántas llegaron, dónde están, cuántas se aplicaron y qué cobertura se alcanzó en cada municipio. Pedí también los documentos que explican los ajustes y el plan para cumplir las metas de vacunación en los 106 municipios”, señaló.

Quintal Parra subrayó que la evaluación debe considerar también la incertidumbre que rodea el traslado de los servicios y del personal del Hospital Materno Infantil “Dra. Consuelo Vadillo Gutiérrez” al Hospital O’Horán, previsto para el 4 de noviembre. Recordó que ha pedido un plan que precise el personal disponible por turno, las camas obstétricas y neonatales, la operación de urgencias, los insumos y los protocolos para mantener la atención durante la transición.

“Para cada trabajadora y trabajador la certeza debe constar por escrito y antes del traslado. Tienen que saber cuál es su plaza y régimen laboral, quién será su patrón y qué institución responderá por sus obligaciones; cómo se reconocerán su fecha de ingreso y antigüedad; y cuáles serán su salario, categoría, jornada, turnos, descansos, funciones y nueva adscripción”, afirmó.

Añadió que la constancia individual debe precisar la continuidad de vacaciones, aguinaldo, primas, estímulos, seguridad social y demás prestaciones adquiridas, así como identificar a la autoridad que pagará y atenderá las incidencias laborales en cada etapa. También pidió una mesa de atención con representantes del personal para resolver casos particulares, incluidos los de trabajadores con necesidades relacionadas con salud, discapacidad, embarazo o cuidados familiares.

“Nadie debe verse obligado a firmar una renuncia, aceptar un finiquito o aparecer como personal de nuevo ingreso para continuar prestando sus servicios, con el riesgo de perder su antigüedad o sus derechos. Una transición ordenada exige respuestas individuales para el personal y capacidad comprobable para atender a las pacientes y a sus recién nacidos”, sostuvo.

El legislador afirmó que espera la respuesta de la Secretaría de Salud para hacer una evaluación objetiva de la magnitud de la crisis que vivimos, distinguir los problemas acreditados de los que aún requieren comprobación y exigir medidas concretas.

“El derecho a la salud depende de que haya vacunas, medicamentos, instalaciones y personal suficiente, pero también de que quienes atienden a la población sepan en qué condiciones trabajarán. Las familias yucatecas y el personal de salud merecen información verificable y certezas antes de que ocurra el traslado”, concluyó.