MÉRIDA, Yucatán, sábado 10/10/2026.- Un “error” superior a dos mil millones de pesos en un registro público relacionado con la compra de terrenos en Umán no puede darse por aclarado con una simple rectificación administrativa, afirmó el diputado local y presidente del PRI Yucatán, Gaspar Quintal Parra, quien exigió esclarecer integralmente las operaciones.

Información publicada señala que el monto asentado respecto del tablaje 6961-D de Poxilá, Umán, pasó de $2,418.5 millones a $245.1 millones después de una rectificación.

“Más de dos mil millones de pesos no son un error de dedo cualquiera. Si fue un error, que expliquen cómo ocurrió, quién fue responsable y por qué permaneció asentado en un registro público. Una rectificación no basta para cerrar un asunto de esta magnitud”, afirmó Quintal Parra.

El legislador recordó que el Gobierno estatal ha informado la adquisición de 290.27 hectáreas por $627.2 millones, de las cuales 56.5 hectáreas, con un valor atribuido de $125.3 millones, fueron destinadas al Tren Maya.

“La pregunta ya no es solamente cuánto costaron. Queremos saber quiénes vendieron, cuánto recibió cada uno, cómo se determinaron los precios y de qué partidas presupuestales salió el dinero”, señaló.

Quintal Parra sostuvo que también debe investigarse la evolución del valor de los predios y determinar si existió una plusvalía extraordinaria relacionada con el conocimiento del proyecto ferroviario.

“No estamos afirmando que hubo sobreprecio. Precisamente por eso exigimos una revisión seria e independiente que determine si los precios pagados correspondían al valor comercial de los terrenos. Si todo se hizo correctamente, la fiscalización lo confirmará”, enfatizó.

El presidente estatal del PRI señaló que existe además una pregunta de fondo que el Gobierno debe responder

“¿Por qué Yucatán puso cientos de millones de pesos para comprar terrenos privados y después entregar gratuitamente una parte al Tren Maya? Es un proyecto federal y la Federación tiene presupuesto y mecanismos legales como la expropiación para adquirir los terrenos que necesita. ¿Por qué terminaron pagando los yucatecos?”

Quintal Parra afirmó que las instancias fiscalizadoras deben revisar integralmente las operaciones para establecer el destino del dinero público, la razonabilidad de los precios y las condiciones en las que se realizaron las adquisiciones.

“No acusamos sin pruebas, pero tampoco aceptamos explicaciones sin sustento. Estamos hablando de cientos de millones de pesos de los yucatecos. Queremos saber, peso por peso, quién recibió el dinero, cuánto recibió y por qué se pagaron esas cantidades. En el patrimonio de Yucatán no puede haber errores multimillonarios ni zonas oscuras”, concluyó.