CELESTÚN, Yucatán, domingo 27/09/26.– Grúas Rofil extiende sus tentáculos y ahora se coludió con el alcalde Germán Cauich y harán un negociazo con las motos que quitó la policía y se llevaron a un corral de esa empresa.

Anteayer, sin previo aviso, el polémico alcalde, quien está acusado de muchas arbitrariedades, impuso sin previo aviso el uso obligatorio del casco para motociclistas, de modo que el resultado fue que quitó muchas motos.

Normalmente, cuando en algún municipio se va a empezar a aplicar el reglamente de tránsito, respecto al uso de casco, las comunas primero llevan al cabo una campaña informativa, en la que advierten que día empezará.

Sin embargo, en este puerto, donde el papá del alcalde está acusado de ser un degenerado que ha violado a jovencitas, no se hizo campaña, según afirman varios ciudadanos, sino que entró en vigor a raja tabla.

EL PRETEXTO: El alcalde tomó de pretexto la muerte de dos adolescentes, quienes hace unas semanas, a la una de la madrugada murieron en un accidente de moto, ya que no llevaban puesto el caso protector.

Numerosos porteños afirmaron que la aplicación de la ley de tránsito fue impuesta por el alcalde de manera precipitada, únicamente para deslindarse de responsabilidades por la falta de señalización vial en el municipio.

EL RESULTADO: Policías llevaron al cabo operativos y detuvieron a muchos conductores que transitaban sin el casco protector, les quitaron la moto y Grúas Rofill se las llevó a su corralón.

Lo irónico es que el 90 por ciento de los conductores de motos carecen de licencia para conducir, pero por esa falla no les hacen nada.

BISTEC DE GRÚAS ROFILL: Varios de los afectados denunciaron que el traslado y resguardo de las motos no está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como se anunció oficialmente, sino de la empresa privada “Grúas Rofill”.

La molestia de la gente crece porque el alcalde no explica cómo se llevarán al cabo las disposiciones oficiales, el injusto trato policial y el cobro excesivo al que someten a los afectados.

SIN INFORMACIÓN: Los ciudadanos denunciaron que no saben si las multas deben pagarlas en el Ayuntamiento o en el gobierno del Estado, además de que las motos confiscadas las llevan a la ciudad de Mérida sin justificación clara.

ELEVADAS MULTAS: Para recuperar las motos, cada afectado debe pagar la multa correspondiente y desembolsar montos de al menos $2,800 a Grúas Rofill, por concepto de arrastre y estadía, cobro que aumenta cada día que la moto permanece en el corralón.

NOS VEMOS EN LAS ELECCIONES: Ante esta arbitraria medida, que incluye que abuso económico, favoritismo hacia allegados del poder y el hermetismo de las autoridades, numerosos ciudadanos advierten que aplicarán un severo voto de castigo al presidente municipal, quien suspira por reelegirse.

PD: En varios municipios, como en Dzidzantún, Grúas Rofill está coludida con el alcalde, y los policías quitan motos y las llevan a ese corralón, donde les cobran elevadas sumas para que puedan devolverles sus caballos de acero.