MÉRIDA, Yucatán, lunes 17/08/26.- En la 4T todo es una farsa, a este gobierno no le interesan los derechos de las mujeres, sólo les interesa el bisne y lo padecemos en Semujeres, donde hay inoperancia, afirmaron afectadas por la inutilidad de la dependencia.
Con la llegada del primer gobierno de Morena a Yucatán, el primero supuestamente de izquierda, en los sectores progresistas de mujeres surgió la esperanza de que vendrían mejores tiempos para las mujeres de Yucatán: Fue un espejismo en medio de un desierto.
La secretaria de las Mujeres, Sisely Burgos Cano, una mujer que toda su vida ha militado en la izquierda, lejos de ser una mano amiga se ha convertido en un verdugo de los avances que lograron las mujeres en sexenios anteriores.
Sisely Burgos está próxima a cumplir dos años de gestión, en los cuales todo ha ido de reversa, incluso en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un grupo de activistas le dedicó la canción “De reversa mami”.
A continuación, algunos de los retrocesos que señalan las mujeres:
- Falta de servicios especializados para mujeres, niños y adolescentes sobrevivientes de violencias.
Hay recortes o reducciones en las partidas destinadas a la Secretaría de las Mujeres y a programas relacionados con prevención, atención a víctimas, VIH y refugios. Esto se traduce en una disminución de recursos para personal, programas de prevención, acompañamiento y para los refugios especializados. A nivel nacional, decisiones administrativas y propuestas presupuestales han fusionado el financiamiento directo a refugios, lo cual es señalado por organizaciones como un retroceso debido a la falta de claridad sobre la continuidad del programa. - Falta de garantías en el respeto a los Derechos Sexuales y Reproductivos.
En relación con políticas públicas y programas que deben emanar del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), si bien se ha documentado la instalación de algunos Grupos Municipales (GMUPEA), a la fecha no hay políticas claramente definidas en la implementación de la llamada Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas “Ruta NAME”, lo que ha llevado a la inacción, sobre todo en los municipios del interior del estado. - Falta de recursos para la prevención y la atención (jurídica y psicológica)
Aunque el discurso oficialista destaca avances, la realidad institucional muestra un debilitamiento sustancial en políticas, presupuestos y servicios esenciales para la prevención de la violencia y la atención a víctimas. Con el cambio a los “Centros Libres”, se ha dejado de dar atención directa; actualmente en estos centros únicamente se canalizan los casos, como anteriormente ocurría. Los expedientes cuyos procesos en los Centros Violeta y similares estaban en curso han quedado desamparados, lo que ha implicado que muchos casos se den por terminados sin una atención plena. - Personal sin el perfil adecuado
Aun cuando la ley dice que el personal a cargo de las dependencias debe tener el perfil adecuado, y en el caso de las instancias que atienden a mujeres, con experiencia en temas de género y violencia, esto no se refleja en varias instituciones, particularmente en aquellas responsables de prevenir y atender la violencia. Como consecuencia hay muy poca puesta en marcha de políticas con perspectiva de género. - Inoperancia de los consejos vinculados a la prevención y atención de la violencia
Los consejos ciudadanos tienen como función principal mediar entre la ciudadanía y el gobierno, promover la participación en la toma de decisiones y en la gestión de políticas públicas. No obstante, las últimas reuniones de los consejos relacionados con la prevención y atención de la violencia —incluyendo aquellos vinculados a embarazos en adolescentes— se han limitado a la presentación de actividades, sin análisis, deliberación o seguimiento.
También hay falta de interés de parte de titulares de dependencias clave, especialmente de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) del estado.
Otra de las funciones de estos consejos es evaluar y dar seguimiento a políticas y programas públicos; sin embargo, se carece de indicadores que permitan llevar a cabo esa labor.