CAMPECHE, sábado 17/01/26.- Sometidos y callados: Luego de que “El Negro” Sansores gobernó el estado y lo saqueó, pues se robó cuantos terrenos pudo, la segunda peor época es esta de su hija Layda Sansores: Nefasta y corrupta, afirma campechanos.

Caprichosa, prepotente y soberbia, la intolerante gobernadora persigue a periodistas y ahora, por medio de la ineficaz secretaria de seguridad Marcela Muñoz sometieron, por medio de jueces corruptos y bistequeros los periodistas Joel Obed y Abraham Alberto Martínez Caamal; y a los medios digitales de comunicación La Neta de Campeche y Por Esto y/o Por Esto online.

El corrupto juez los sentenció a pagar a $500 mil pesos, de modo que la sentencia es de $2 millones por los cuatro.

De acuerdo con nuestros entrevistados, Morena, una vez que tuvo el mando total y bajo su dominio al poder legislativo y al poder judicial con los jueces de acordeón ahora busca someter y callar el “Cuarto poder”, la prensa o periodismo crítico para que no se cuestione las malas praxis del gobierno en turno.

Un claro ejemplo es la sentencia que dictaminó la Jueza Segunda del Ramo Civil y de Extinción de Dominio de la Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, Amada Beatriz Salazar González, que ordenó pagar, entre todos, DOS MILLONES DE PESOS a los periodistas Joel Obed Ynurreta Priego, Abraham Alberto Martínez Caamal y a los medios de comunicación La Neta de Campeche y Por Esto y/o Por Esto online, como parte de la Compañía Editorial del Mayab.

De acuerdo con el expediente 370/21-2022, publicado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la jueza ordenó pagar una indemnización de dos millones de pesos (500 mil pesos cada uno de los antes mencionados) a la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del estado de Campeche, Marcela Muñoz oriunda del estado de Guanajuato.

Marcela Muñoz, actual titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche es oriunda del estado de Guanajuato, escribió en Facebook que el proceso llevaba poco más de tres años hasta que una juez la escuchó y se le tendrá que pagar una jugosa indemnización por daño moral, así como replicar la sentencia en los mismos términos y con el mismo alcance de la publicación.

La defensa de los periodistas y de los medios de comunicación tienen 10 días hábiles a partir de la notificación para entregar una inconformidad o apelar a la sentencia de la sentencia.