MÉRIDA, Yucatán, jueves 27/11/25.- El Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán advirtió que si el Congreso del Estado aprueba el alza al impuesto sobre la nómina podría causar cierres parciales de empresas y despidos.

Por medio de su presidenta, Claudia González, el empresariado afirmó hoy en rueda de prensa, que el gobierno de la 4T entregó de manera tardía la propuesta, la cual es un atentado contra los empresarios.

Para el año 2026, el gobierno de la 4T proyecta obtener 4,858 millones de pesos por este impuesto, ahora disfrazado con el nombre de Impuesto Sobre el Empleo, que por sí solo es el 72% de toda la recaudación local propia.

Los integrantes del CCE dijeron que no están de acuerdo con esta alza, que forma parte del paquete fiscal 2026 del Gobierno del Estado.

Representantes del CCE dijeron que es importante dejar en claro desde el inicio: Este impuesto es un impuesto sobre el empleo, ya que no grava utilidades, grava directamente el trabajo formal.

Cada persona contratada, cada salario pagado y cada nueva oportunidad laboral representa una obligación adicional, de modo que cuando se incrementa este impuesto, no se afecta a “las empresas”, se afecta a quienes trabajan en ellas.

El sector empresarial se enteró de esta propuesta de manera tardía, apenas unas horas antes de que el paquete se le entregara al Congreso del Estado y no hubo mesas técnicas, ni análisis conjunto, ni participación del Consejo Consultivo del Presupuesto, que es el órgano formal para discutir estos temas.

Este proceso, que siempre había sido colaborativo en años recientes, esta vez se tomó de manera unilateral y sin diálogo constructivo previo.

Además, este impacto no recae de manera uniforme, pues las empresas medianas y grandes -que son sólo el 4% del padrón empresarial, pero crean el 66% del empleo formal del estado-, serían las más afectadas.

Ese 4% no son los que “más pueden pagar”, sino que son el motor que sostiene dos terceras partes del empleo formal en Yucatán: Si ese motor se desacelera, se desacelera Yucatán.

En Yucatán, unas 440 mil personas laboran en la formalidad y, para dimensionar el impacto, incluso bajo el escenario más conservador -asumiendo que esos 440 mil empleos perciben únicamente el salario mínimo-, hoy las empresas pagan alrededor de $3.7 millones de pesos diarios por concepto de impuesto sobre el empleo, equivalentes, en una perspectiva anual, a $1,343 millones.

Con el incremento del 12% al salario mínimo en 2026 y con la nueva tasa del 3.75% aplicada sobre el 66% de los empleos formales, esa carga subiría a cerca de $4.8 millones diarios, lo que representa $1,753 millones al año.

Es decir, más de $1.1 millones adicionales cada día y alrededor de $409 millones extra al año.