CIUDAD DE MÉXICO, miércoles 12/11/2025.- El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó una iniciativa para evitar que el crimen organizado utilice a los adolescentes como escudo de la impunidad, al mismo tiempo que se protege a los menores de edad y se garantiza justicia a las víctimas.

Remarcó que al mejorar el Sistema Integral de Justicia Penal de los Adolescentes “se le cierra el paso al crimen organizado”, con la seguridad de que “ningún adolescente perderá su derecho a la educación, a la reinserción y a la justicia”.

“Las víctimas suelen percibir la falta de justicia efectiva, mientras que los grupos criminales están utilizando la adolescencia como una estrategia para ganar impunidad”, subrayó.

El legislador del Partido Verde afirmó que a la fecha, los homicidios dolosos cometidos por menores de edad han aumentado en 40 por ciento, “por lo que hay que cerrarle el paso a la delincuencia organizada para que no puedan utilizar menores de edad y evitar que cometan crímenes y evadan la justicia”.

Comentó que no se trata de criminalizar a los jóvenes, sino de evitar que el crimen organizado se pueda valer de un sistema que les da condiciones especiales por el hecho de ser menores de edad, para atacar a la sociedad.

Expresó que la modificación al Sistema Integral de Justicia Penal de Adolescentes se basa también en que el 56.5 por ciento de los adolescentes sancionados cumplen medidas en externación, es decir, no están detenidos, mientras que el 27 por ciento sufre internación.

Ramírez Marín detalló que actualmente, todos los adolescentes son juzgados en un sistema especializado, con medidas ajustadas a su edad, buscando su reeducación, evitando el internamiento y otorgando penas con un máximo de cinco años.

Agregó que el sistema no distingue entre delitos menores y mayores, por lo que trata por igual a quien roba como el que comete un homicidio doloso.

El Senador propuso que un juez especializado, con base a dictámenes técnicos y psicológicos determine caso por caso, si un adolescente debe ser transferido al régimen penal ordinario al cumplir 18 años de edad.

Finalmente, estableció que durante su minoría de edad, permanecerá en centros especializados, recibiendo atención educativa y psicológica, y en la etapa de la modificación de la pena, antes de ejecutar la sentencia ordinaria, el juez puede revisar la sanción, considerando los avances que el adolescente obtuvo durante el internamiento especial.