MÉRIDA, Yucatán, lunes 11/08/2025.- El presidente estatal y diputado del PRI Gaspar Quintal Parra, presentó propuestas a la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial con la finalidad de erradicar posibles actos de impunidad y dignificar a los jueces de paz en las comunidades indígenas de Yucatán.

Durante el análisis de dicha reforma en la sesión de la Comisión de Justicia y Seguridad y Pública del Congreso local, el legislador entregó diversas observaciones y planteó adiciones para fortalecer los mecanismos internos del Poder Judicial.

Entre sus propuestas, sostuvo que resulta esencial que el Poder Judicial asuma la responsabilidad de cubrir los salarios de los Juzgados de Paz para que éstos puedan operar con eficiencia, cuenten con certeza en sus funciones y se garantice que la población pueda recurrir a éstos en casos en los que se requiera mediación.

Gaspar Quintal explicó que es necesario esclarecer el artículo 99 para que realmente se garantice el pago de los jueces de paz por parte del Poder Judicial, y no existan ambigüedades con respecto al tema. De esta manera, recalcó, se dignificará su labor.

Por tal razón, la propuesta del PRI establece que el Consejo de la Judicatura contemple en la autorización del Presupuesto de Egresos, una partida para el pago de remuneración a jueces y juezas de paz, así como recalcar en el artículo sexto transitorio que dicho bolsa se considere a partir del ejercicio fiscal 2026.

Otra aportación del diputado priista consistió en las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial, para erradicar posibles espacios de impunidad que debiliten los mecanismos de control interno, recalcando que las magistradas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia no se encuentran exentos de poder al incurrir en faltas administrativas.

En ese sentido, planteó que las resoluciones que emita el Tribunal de Disciplina puedan incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las y los servidores públicos que desempeñan funciones jurisdiccionales, con excepción de la destitución e inhabilitación de los magistrados.