MÉRIDA, Yucatán, viernes 25/04/2025.- El Poder Judicial de Yucatán se posiciona como uno de los pioneros en el país en el acceso a una justicia especializada y adaptada al poner en funcionamiento la Sala de Audiencia para Personas en Condiciones de Vulnerabilidad (SAPCOV) en el área penal, orientada en brindar atención específica a niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de delitos, así como a mujeres y personas con discapacidad.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés y la directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, Mariana Gil Bartomeu, inauguraron la novedosa Sala en la instalaciones del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (Ciospoa), ubicado al sur de esta ciudad, con lo que Yucatán se suma a los estados de Chihuahua, Nayarit, Chiapas, Michoacán, Campeche, Durango y Guanajuato que ya cuentan con un espacio de este tipo.

En presencia de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Estefanía Baeza Martínez y de la titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), Verónica Moyano Acuña, Gil Bartomeu resaltó que el caso de Yucatán es de alta importancia debido a que se construyó un edificio para establecer esta sala y no se adaptó un espacio que existía anteriormente y no se usaba.

“Lo que hemos trabajado con el Poder Judicial de Yucatán representa una base fundamental para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes a una justicia adaptada a sus necesidades y derechos. El derecho de acceso a la justicia especializada y adoptada no es una aspiración, no es una buena voluntad, es un derecho llave que abre la puerta a otros derechos fundamentales como la participación, la protección, una vida libre de violencia y esto resulta fundamental para avanzar a un estado que sea justo con las infancias y adolescencias, que son un tercio de la población”, puntualizó.

La directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia celebró el compromiso de Poder Judicial del Estado para abrir esta Sala para garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan participar en un proceso de justicia sin revivir situaciones traumáticas, con pleno respeto a su dignidad y derechos.

Reconocemos este esfuerzo de Yucatán y reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando acciones que fortalezcan los servicios de acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes, que esta sala no solo sea un espacio físico sino un símbolo de compromiso con la construcción de un sistema de justicia humano, protector y accesible para todas las niñas, niñas, adolescentes de Yucatán y del país, finalizó.

Durante el evento, Cantó Valdés y Gil Bartomeu firmaron un convenio de colaboración para la creación de un protocolo técnico para el uso de la SAPCOV y la realización de cursos de capacitación de manera constante.

El proyecto de la SAPCOV en materia penal, forma parte del Modelo desarrollado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia México (UNICEF). En él se considera la construcción de la Sala para la participación protegida de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos en audiencias judiciales.

Ésta cuenta con espacios adecuados para dicho fin: salas de espera, sala de escucha (Cámara de Gesell) y equipo tecnológico para videograbación y conexión a salas de oralidad. Asimismo, el Modelo contempla orientaciones procedimentales para la preparación y el acompañamiento especializado a las niñas, niños y adolescentes durante los procesos correspondientes.

En ese marco, se informó que, durante esta semana, personal de la ODI impartió capacitaciones dirigidas al personal de las distintas instancias que forman parte del Sistema de Justicia, conforme al tipo de participación en las intervenciones con niñas, niños y adolescentes que acceden al Sistema de Justicia.

En su mensaje, Canto Valdés, señaló que este esfuerzo responde a una necesidad real y urgente: garantizar que los procesos judiciales no solo se conduzcan con apego a derecho, sino con sensibilidad, empatía y comprensión del contexto particular de las personas en situación de vulnerabilidad, en particular, de quienes enfrentan su participación en un proceso penal durante su niñez o adolescencia.

Acompañada de las magistradas Graciela Torres Garma, Patricia Gamboa Wong, Leticia Cobá Magaña, Ingrid Priego Cárdenas, los magistrados Alberto Salum Ventre, José Pablo Abreu Sacramente y Rubén Ruiz Ramírez, así como las consejeras María Ely Farfán Flores, Claudia Pedrera Irabien y el consejero Níger Pool Cab, la magistrada presidenta recordó que durante 2023 según datos estadísticos, fueron 297 niñas, niños y adolescentes los que participaron en algún proceso judicial en Yucatán y en 2024 la cifra aumentó a 355, con un crecimiento notable entre las niñas y adolescentes mujeres, quienes superaron por primera vez en número a los varones.

La puesta en marcha de la SAPCOV es resultado de una coordinación interinstitucional sólida, comprometida y respetuosa. La colaboración entre el Poder Judicial, la Fiscalía, la defensoría pública, las instancias de atención psicológica, las dependencias especializadas en atención a víctimas, los órganos de protección de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, ha sido clave para hacer posible esta sala, que representa un paso firme hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia, tal y como indica el primer eje del plan estratégico del Consejo de la Judicatura, añadió.

En presencia de las diputadas locales Zhazil Méndez Hernández y Larissa Acosta Escalante, Canto Valdés expuso que esta Sala no es únicamente una adecuación física: es el seguimiento de un camino hacia la justicia terapéutica, aquella que no revictimice, que escuche, que acoja, y que respete los tiempos y las necesidades emocionales de quienes acuden ante los tribunales en condiciones de especial fragilidad.

Asimismo, expresó que esta infraestructura corresponde al cumplimiento del compromiso de modernizar y mejorar las instalaciones que están servicio de los justiciables, pero la instalación no tendría sentido si no estuviera acompañada de una transformación institucional profunda.

“Desde el Poder Judicial del Estado asumimos con firmeza el compromiso de continuar evolucionando para responder a los estándares más altos de protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes. Nuestra obligación es clara: ofrecer procesos que no solo impartan justicia, sino que también contribuyan a la reparación del daño, a la recuperación de la dignidad, y a la reconstrucción del tejido social”, manifestó tras agradecer a todas las instituciones que colaboran con el Poder Judicial y a sus trabajadores.

Finalmente, la magistrada presidenta aseguró que este acto simboliza una convicción compartida de construir un sistema de justica más humano, más cercano y más sensible a la realidad que viven día a día las personas en condición de vulnerabilidad, “porque una justicia que no es incluyente, no es verdadera justicia”.

En su turno, la jefa de la Unidad de Atención a Grupos Vulnerables del Consejo dela Judicatura, María Elena Rivas Acevedo, comentó que trabajar por lograr una verdadera justicia terapéutica, sanadora y reparadora para la niñez y adolescencia implica la participación de todas las instancias que forman parte del Sistema de Justicia, en la que las personas encargadas de su atención estén fortalecidas por una profesionalización especializada.