MÉRIDA, Yucatán, miércoles 18/12/2024.- (Jhony Alamilla Castro) El presunto “Plan Estatal de Desarrollo ‘Renacimiento Maya’ 2024-2030”, promovido por el gobierno de Joaquín Díaz Mena en Yucatán se ha convertido en un espejo deformado de las intenciones políticas y las prácticas administrativas.

Bajo el manto del Consejo de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán (COPLEDEY), lo que se promueve no es desarrollo genuino ni el resurgimiento de la identidad maya a través de la memoria histórica o la educación, sino una estrategia de marketing político que disfraza una agenda de megaproyectos con tintes neoliberales y populistas.

Se argumenta con certeza que este “plan” no busca realmente el bienestar social de los yucatecos, sino que actúa como un vehículo para la implementación de proyectos estratégicos de interés transnacional.

Bajo el paraguas de la Cuarta Transformación (4T) y con la retórica que asegura que “Juntos podemos lograr que los mejores años para los yucatecos sean lo que están por venir”, se enmascara una serie de iniciativas de infraestructura que podrían ser más beneficiosas para intereses extranjeros que para el desarrollo local sostenible.

Estos proyectos, que incluyen la modernización del Puerto de Altura de Progreso y la construcción de un anillo metropolitano en Mérida, entre otros, se justifican como impulsores del bienestar social, pero en realidad reflejan una política de compensaciones y beneficios selectivos, en lugar de una distribución equitativa del desarrollo.

La crítica más severa se centra en el hecho de que estos proyectos parecen estar diseñados para satisfacer agendas externas, manipulando la participación ciudadana a través de consultas que, según algunos observadores, son más performativas que efectivas.

Las voces de las comunidades mayas, tan vitales para la autenticidad del “Renacimiento Maya”, parecen ser cooptadas para validar estas iniciativas, más que para incorporar sus verdaderas necesidades y perspectivas en el desarrollo de Yucatán.

Además, se cuestiona la integridad de la administración de Díaz Mena al sugerir que, tras este montaje publicitario, se podría ver un comportamiento autoritario de parte de los funcionarios y políticos alineados con su gobierno, incluyendo a antiguos miembros del PRI y PAN que ahora operan bajo las banderas de MORENA.

Esta hipótesis de un actuar fascista es preocupante, ya que implica una falta de pluralismo y un control centralizado de la política y la narrativa pública en Yucatán.

El “Renacimiento Maya” podría, por tanto, ser visto no como un renacimiento cultural o social, sino como una continuación de políticas que priorizan el crecimiento económico a cualquier costo, disfrazadas de transformación social.

La verdadera prueba de este plan no estará en los discursos o en las ceremonias de inauguración, sino en cómo estos proyectos impactan de manera tangible en la vida de los yucatecos, especialmente de aquellos en comunidades mayas que han sido históricamente marginadas.

Si bien el gobierno de Joaquín Díaz Mena insiste en una visión transformadora para Yucatán, la realidad sugiere que esta transformación podría estar más alineada con agendas globales y con la perpetuación de estructuras de poder existentes, más que con un verdadero renacimiento cultural o un desarrollo equitativo y sostenible para todos los ciudadanos del estado.