MÉRIDA, Yucatán, lunes 14/10/24. En un contexto político donde la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser los pilares fundamentales, el caso de Edgardo Medina, conocido como “Yuri”, y su relación con Joaquín #LechiTuzquep Díaz Mena, arroja sombras profundas sobre el manejo del poder en Yucatán.

Este entramado de nepotismo y pago de favores no es solo una práctica recurrente, sino un reflejo del deterioro moral que ha invadido el ejercicio público en la entidad.

El reciente nombramiento de Sonia Albornoz Vallejo, esposa de Edgardo Medina, en un puesto clave dentro de la Secretaría de Educación de Yucatán (SEGEY), es una evidencia clara de cómo las posiciones estratégicas en la administración pública son usadas como moneda de cambio.

La Dirección de Administración de Finanzas no es un simple despacho burocrático; es el corazón financiero de la dependencia, lo que convierte a este nombramiento en un claro ejemplo de cómo el nepotismo opera bajo el disfraz de decisiones institucionales. Al parecer, la política en Yucatán sigue siendo una red de favores donde los méritos son lo menos importante.

Este no es el primer episodio en el que la familia Medina-Albornoz sale beneficiada. Ya en su momento, ambos controlaron a placer el Partido Acción Nacional (PAN) en Cenotillo, con Edgardo como diputado local y su esposa como presidenta municipal. Hoy, con el PAN relegado y Díaz Mena brincando de partido en partido, primero del PRI, luego al PAN y ahora a Morena, la dinámica sigue siendo la misma: el poder se distribuye entre unos cuantos, dejando al margen a quienes no forman parte de este círculo de beneficiarios.

La influencia de Edgardo Medina va más allá de simples nombramientos. Su rol como operador político clave para Díaz Mena no solo consolidó su control en Cenotillo, sino que también lo posicionó como una pieza central en el entramado de apoyos y recursos públicos.

Bajo la sombra de la corrupción, Medina ha sido señalado por el manejo oscuro de recursos a través de su papel en la Secretaría del Bienestar. En particular, el municipio de Motul ha sido el escenario de “inversiones” sospechosas por más de 500 millones de pesos, utilizados presuntamente como caja chica para las ambiciones políticas de Díaz Mena. Esto no es solo un acto de desfalco, es el desvío sistemático de dinero público para alimentar proyectos políticos personales.

La complicidad entre Medina y Díaz Mena trasciende lo financiero. Ambos han creado una red de influencias donde los alcaldes y presidentes municipales son presionados para aceptar apoyos sociales a cambio de favores políticos.

Los rumores de que Medina “cobra el diezmo” a cambio de estos apoyos han sido constantes, y aunque no siempre existen pruebas documentadas, la percepción pública ya los ha condenado. En política, la sombra de la corrupción es suficiente para destruir reputaciones, y en este caso, las acusaciones no han hecho más que crecer.

Motul, uno de los municipios más afectados por esta red de corrupción, ha sido testigo del desvío de fondos bajo el pretexto de programas de bienestar. Los recursos destinados a la infraestructura y el desarrollo han sido dilapidados en campañas políticas y proyectos personales de quienes controlan el poder desde la Secretaría del Bienestar.

El alcalde Roger Aguilar, bajo proceso penal por desvío de recursos, ha sido otro peón en esta red.

El caso del Tren Maya, que debería ser un proyecto de progreso, ha sido manchado por las acusaciones de desvío de 14 millones de pesos en tierras ejidales, otro ejemplo del cinismo con el que esta red opera. Díaz Mena, quien ha sido acusado en múltiples ocasiones de corrupción, discriminación y abuso de poder, sigue operando con total impunidad. Los fantasmas de los desvíos de recursos y las empresas fantasma que denunció en 2018 parecen haberlo alcanzado, y su silencio ante las acusaciones solo incrementa las sospechas de que está involucrado en actos similares.

El colmo de esta historia lo encontramos en la empresa Realza S.A de C.V, a la que la Secretaría del Bienestar otorgó más de 700 millones de pesos por contratos irregulares. Esta empresa, sin historial comercial adecuado, tiene domicilios fiscales absurdos: una casa particular y un negocio de sushi. ¿Cómo es posible que lugares tan poco convencionales sean el centro de operaciones de un negocio millonario con el gobierno? Este es el tipo de preguntas que deberían hacer los órganos de control, pero que, ante el poder de Díaz Mena y sus operadores, parecen quedar sin respuesta.

El nepotismo, la corrupción y el pago de favores han transformado el ejercicio político en Yucatán en una farsa, donde las ambiciones personales están por encima del bienestar de la gente. El caso de Edgardo Medina y Díaz Mena es solo un reflejo más de un sistema podrido que necesita con urgencia una renovación, no solo de nombres, sino de valores y principios. Pero mientras los mismos actores continúen controlando el tablero, el futuro seguirá siendo más de lo mismo: un espectáculo lamentable de poder para unos cuantos y miseria para muchos.- (JAC)