MÉRIDA, Yucatán, martes 02/07/2024.- El Gobierno del Estado expidió la “Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Yucatán”, dando de esta forma protección y certeza jurídica al conjunto de acciones que se realizan para fortalecer la seguridad en el Estado desde una etapa muy temprana como lo es la prevención de conductas de riesgo entre la población.

Esta ley establece las bases de coordinación entre el orden estatal y municipal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, destacando que todas las acciones que se lleven a cabo en esta materia deberán estar sustentadas en la evidencia científica y guiadas por principios, objetivos, procedimientos y métodos de evaluación veraces.

La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como las acciones que ayudan a combatir las diversas causas y factores que la generan.

La mencionada Ley regula las tareas a cargo del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (CEPREDEY) y establece que las tareas de prevención social deberán ser coordinadas a través de un Consejo Estatal integrado por 18 dependencias y órganos entre los que destacan siguientes: la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del H. Congreso del Estado de Yucatán, la Secretaría de Educación (SEGEY), la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (SEFOET), la Secretaría de la Cultura y las Artes (SEDECULTA), la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF YUCATÁN) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Antes de la promulgación de la Ley Estatal de Prevención Social, se contaba con un marco jurídico limitado de actuación, puesto que desde su creación el CEPREDEY únicamente contaba con decretos y no con un marco legal elevado a ley para sus acciones de prevención.

La nueva legislación subraya la importancia de llevar a cabo políticas públicas multidimensionales que contemplen la colaboración entre distintas instancias gubernamentales, municipales, sector civil, instituciones académicas y la comunidad en general con la inclusión obligatoria de la participación ciudadana.

Atenderá y priorizará la prevención de adicciones a sustancias adictivas especialmente cuando estén vinculadas a la violencia, la comisión de infracciones administrativas y delitos. La nueva Ley estatal de Prevención incluye un capítulo especial que destaca en su innovadora perspectiva de prevención integral, interinstitucional y comunitaria de los factores de riesgo asociados al inicio de consumo de sustancias.

En este sentido al crear esta ley, se contempló promover esfuerzos integrales con la finalidad de implementar acciones que coadyuven en retardar la edad del inicio del consumo de sustancias, todo ello basado en buenas prácticas y priorizando a grupos etarios en situación de vulnerabilidad como lo son niñas, niños y adolescentes.

Asimismo la Ley contempla combatir la estigmatización de conductas asociadas al consumo nocivo de sustancias e implementar acciones y programas con efectividad comprobada y con efectos a largo plazo en la ciudadanía. Sentando de esta forma un precedente importante en materia de prevención de adicciones, puesto que éste fenómeno suele verse de manera exclusiva como un problema de salud pública, dejando de lado la relación que el consumo de sustancias tiene con los problemas sociales de convivencia entre la ciudadanía, puesto que el consumo problemático de sustancias interfiere en diversos entornos, como la familia y el trabajo, y puede llegar a comprometer seriamente el proceso de desarrollo, especialmente en el caso de las juventudes y adolescentes.

La promulgación de la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Yucatán representa un compromiso firme del Gobierno del Estado con la finalidad de promover acciones que conduzcan a un entorno más seguro y libre de violencia para todos sus habitantes. Con la colaboración de todas las partes involucradas, esta Ley no solo busca prevenir la violencia y la delincuencia, sino también promover una cultura de paz y convivencia en la población yucateca.