MÉRIDA.- El diario capitalino Reforma publicó ayer jueves un reportaje en el que varios políticos denuncian que diputados federales extorsionan a alcaldes, a quienes les piden un elevado porcentaje por “bajarles” recursos y/o imponerles constructores, quienes cobran y luego le dan una parte al legislador. Sin embargo, esta práctica es de sobra conocida, ya que es practicada por diputados de todos los colores desde hace mucho tiempo, aunque los panistas  estuvieron de plácemes cuando Felipe Calderón fue presidente, pues les dio un mundo de dinero. En Yucatán, Rosa Adriana Díaz Lizama “bajó” en un año 20 millones de pesos, que distribuyó entre varios alcaldes, a quienes por medio de un constructor que les imponía recibía su diezmo, según denunciaron algunos ahora ex ediles.

De acuerdo con algunos ahora es alcaldes, cuando Rosa Adriana fue diputada federal les decía que les había conseguido recursos, pero les imponía a un constructor, quien cobraba la “comisión” y luego se la daba a la oriunda de Buctzotz.

En el último año de gobierno de Felipe Caderón, como una forma de tratar de ganar adeptos, ordenó que a los diputados panistas les soltara dinero, de modo que en todo el país abundó dinero federal para obras, dinero que llegaba por medio de los legisladores.

Sin embargo, las acusaciones hechas en su momento y ratificadas ahora, con la promesa de guardar el anonimato de los declarantes, se extendieron también en contra de los diputados Mary Yoly Valencia Vales y Daniel Ávila Ruiz.

“Con el pretexto de que Ivonne (la gobernadora) no le daba nada a los alcaldes panistas, los diputados federales “bajaron” lana a dependencias federales para los alcaldes, pero exigieron su diezmo”, afirmó un ex alcalde.

Hace algunos meses, varios perredistas denunciaron que el ahora diputado federal Alejandro Cuevas Mena estaba “dedicado al negocio” de bajar dinero y dárselos a los alcaldes a cambio de un porcentaje de “comisión”. Precisaron que debido a eso, el diputado perredista ni acudía a su casa de enlace. Lo mismo dijeron los amarillos de Teresita Borge.

Debido a que siempre fueron mayoría, los primeros acusados de realizar esta práctica fueron los diputados del PRI, de modo que era un secreto a voces que los alcaldes debían darle una comisión a los legisladores por los recursos que les conseguían. Esta práctica continúa entre los tricolores.

La consecuencia de estos diezmos es más que clara: el constructor se lleva su parte, el diputado la suya y el alcalde también, de modo que de cien pesos para una obra en realidad sólo se destinan 70, en detrimento de la calidad de la misma y los que pagan las consecuencias son los ciudadanos al recibir obras malas o de calidad inferior a lo presupuestado y pagado.