MÉRIDA, Yucatán, sábado 18/06/22.- El Tribunal Primero de Enjuiciamiento condenó a 4 años de cárcel y a que pague $2.8 millones al empresario Arturo Millet Reyes, quien apeló la sentencia que se le impuso por el delito de abuso de confianza equiparado agravado, en contra de inversionistas yucatecos.

Extrañamente, indicaron abogado que siguen este caso, el juez Niger Desiderio Pool Cab cambió, de la noche a la mañana, de parecer, luego que desde un principio fue el que estaba más convencido de la culpabilidad del empresario, pero al final voto contra la condena que impusieron las jueces Fabiola Rodríguez Zurita y Nidia Guadalupe Celis Fuentes.

El empresario tendrá que pagar la suma mencionada, si es que no quiere ir a la cárcel, porque se le negaron los beneficios sustitutivos de sanciones, pero seguirá en libertad, hasta que se resuelva la apelación que interpuso la defensa del empresario señalado como cabecilla del “Cártel del Sureste” en las cuestiones inmobiliarias.

La sanción por este delito va de los 4 a los 10 años de prisión.

Arturo Millet enfrenta sólo en Yucatán tres procesos por el mismo delito, bajo igual modus operandi y en uno de estos casos son los mismos denunciantes quienes reclaman un daño patrimonial de 117 millones de pesos en iguales circunstancias.

También se le sigue proceso en Cancún, Quintana Roo, por el delito de fraude de más de un millón 350 mil dólares.

Este Gángster inmobiliario ha perdido una serie de amparos en Quintana Roo y Yucatán, por lo que sólo está alargando sus procesos.

Fue acusado de vender 13 terrenos ubicados en Tulum, Quintana Roo, pero nunca entregó las escrituras, ni devolvió el dinero a 9 empresarios yucatecos.

Está acusado de vender 13 terrenos ubicados en Tulum, Quintana Roo, pero nunca entregó las escrituras, ni devolvió el dinero a 9 empresarios yucatecos.

En junio del 2019, Millet Reyes no se presentó a una audiencia en la que se le formularía imputación por el delito de abuso de confianza equiparado, pues su representante legal llevó una justificación médica en la que se le prescribía reposo absoluto por un padecimiento de dorsolumbalgia severa.

De modo que se tuvo que esperar nueva fecha para que se lleve al cabo la audiencia por la denuncia presentada en su momento ante la Fiscalía General del Estado por los nueve agraviados.

El 24 de septiembre de 2013, Millet Reyes reconoció, declarando bajo protesta de decir verdad, ante el abogado Fernando A. Castilla Patrón, titular de la Notaría Pública Número 70 del Estado, que con anterioridad a esa fecha, recibió en concepto de depósito y en diversas partidas 2 millones 800 mil dólares de los querellantes José Luis, Florentino y Aurelio Ernesto R.R., José Antonio C.B., Manuel Tomás M.F., Guillermo Andrés W.M., Alfredo R.M. y José Eduardo Z.A. (extinto).

Ese dinero era para gestionar en nombre y a favor de los éstos 13 inmuebles ubicados en el poblado de Tulum, municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo.

Se comprometió a que, antes del 24 de enero del año 2014, en rendición de cuentas por esa cantidad que le entregaron y sin necesidad de requerimiento alguno de parte de éstos, escrituraría los lotes de referencia a favor de los querellantes o en su defecto les reembolsaría la totalidad del dinero recibida y no podría disponer de dicha cantidad de dinero para fines diversos.

Ese mismo documento fue ratificado en todas sus partes por éste, el día 9 de diciembre 2013, ante el Abogado Fernando A. Castilla Patrón, titular de la Notaría citada.

Pero llegada la fecha acordada de rendición de cuentas, Millet Reyes incumplió con ésta, ya que hasta la presente no ha entregado las escrituras de los inmuebles antes relacionados a los querellantes, ni les ha reembolsado las cantidades de dinero que le entregaron, a pesar de que ya fue requerido formalmente por la vía judicial para ese efecto, el día 9 de julio de 2014, en el Poder Judicial del Estado de Yucatán.

Esto quedó asentado en el expediente número 437/2014 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria que promovieron los agraviados a fin de requerirle rendición de cuentas respecto de su gestión, dándole tres días siguientes a dicha notificación para tal efecto, causando con su conducta un detrimento en el patrimonio de éstos.

Otra denuncia en Yucatán
Es el caso que los inversionistas José Luis, Daniel Florentino y Aurelio Ernesto R.R, al igual que José Antonio C.B., Manuel Tomás M.F., Alfredo R.M. y Guillermo Andrés W.M., también señalaron que, debido a la confianza que existía entre ellos, derivada de diversas operaciones comerciales de compra y venta de terrenos en las que intervinieron con anterioridad, los querellantes le entregaron 117 millones 810 mil pesos en calidad de depósito para que gestione a su favor la escrituración de varios inmuebles, inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo y en el catastro de Isla Mujeres.

Esto quedó asentado en un documento el 24 de septiembre de 2013, firmado por el imputado y ratificado en todas sus partes por éste el 9 de diciembre de 2013 ante el abogado Fernando A. Castilla Patrón, titular de la Notaría Pública Número Setenta del Estado.
Y es que en el mismo documento quedó establecido que antes del 24 de enero del año 2014, en rendición de cuentas por la cantidad que le fue entregada, quedaría escriturado a favor de los querellantes los inmuebles o les reembolsaría la totalidad del dinero dado para tal fin, obligándose a no disponer de dichas cantidades para fines diversos a los pactados, pero no cumplió.
Pero hasta el presente no les ha dado las escrituras de los inmuebles ni les ha reembolsado el dinero que le entregaron a pesar de que ya fue requerido por la vía judicial para ese efecto, en el expediente 755/2014 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria que promovieron los agraviados a fin de requerirle respecto de su gestión.
Incluso, el 1 de mayo pasado, después de ser imputado, el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda decidió no vincularlo a proceso por el delito de abuso de confianza, alegando que se trataba de un asunto mercantil el haberse quedado con más de 117 millones de pesos.
No es la primera vez que al juez Bonilla Castañeda, al igual que Millet Reyes, lo señalan por sus nexos con los círculos oficiales y cuestionada su probidad.
Socio de por lo menos 20 empresas
Millet Reyes es socio de más de 20 empresas que están reportadas en el Registro Público de Comercio, en su mayoría, del ramo inmobiliario.
En dos de estas empresas, Millet tiene como socio a Hugo César Flores Toba, quien resulta ser cuñado del exdelegado del PRI en Yucatán, Felipe Enríquez Hernández, quien a su vez mantiene un nexo como compadre de la exgobernadora y expriista Ivonne Ortega Pacheco.
Ambas sociedades fueron constituidas en el estado de Nuevo León, la primera el 8 de junio de 2008 y la segunda el 6 de mayo de 2009.
En el Registro Público de Yucatán aparece su nombre en más de 230 inscripciones de inmuebles.
Millet se escuda en que su esposa, Gabriela López Gómez, es senadora suplente de Morena, apareciendo como compañera de fórmula de Marybel Villegas Canché.
La esposa de Millet ha aprovechado el fuero que ha tenido en su carrera política y en el ambiente de la comunicación, tras ser asesora de los exgobernadores yucatecos Ivonne Ortega y Rolando Zapata Bello.
Es más, Millet tiene innumerables denuncias por fraude y despojo, tanto en Quintana Roo como en Yucatán.