MÉRIDA, Yucatán, martes 02/11/21.- Debido a su falta de capacidad o su mala intención, porque aconsejan cosas que dañan el patrimonio de los municipios, el Congreso del Estado propondría regular y normal la contratación de “asesores”.
Luego de tres años de malos manejos, equivocados o hechos a propósito, de última hora, varios alcaldes hacen cambios a su ley de ingresos, lo que afecta directamente a la siguiente administración, de modo que se debe evitar esto, afirmó el diputado vocal, Víctor Hugo Lozano Poveda (PAN), quien resaltó la necesidad de prestar mayor atención en aquellas personas que funjan como asesores de los alcaldes.
Tres ejemplos son las iniciativas de Celestún y Chicxulub Pueblo para realizar modificaciones a su Ley de Ingresos del Municipio, que, en el último día de su gestión, 31 de agosto del presente año, hicieron la solicitud para realizar cambios.
El tercer caso es el del Ayuntamiento de Tixkokob, que pidió, fuera del marco de la ley, que directamente una empresa les dé un crédito para cubrir un gasto corriente.
“Es una señal de alerta no solamente con el actuar de los alcaldes, sino también de quienes los asesoren, porque hoy tenemos a gente que está brindándoles servicios profesionales a los Ayuntamientos y que tienen criterios diversos, es nuestra responsabilidad como Poder Legislativo trabajar en normar con mayor claridad que el alcalde pueda tener la participación de un asesor relacionado con el patrimonio y las finanzas”, explicó.
Durante la sesión de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, en donde la diputada de Morena, Alejandra Novelo Segura (MORENA) solicitó al presidente de la comisión se citara a los Ayuntamientos para explicar a profundidad las modificaciones, el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, manifestó que en situaciones así, habría que valorar incluso una responsabilidad solidaria en materia penal y administrativa para quienes asesoren de manera deficiente a los municipios e incluso pueda causar un daño patrimonial a las finanzas públicas de los Ayuntamientos.