TULUM, miércoles 31/03/21.- El feminicidio de Victoria Esperanza Salazar, la salvadoreña sometida por policías en Tulum, causó indignación nacional e internacional y adquirió más eco por las acusaciones del presidente salvadoreño Nayib Bukele y la aparición de nuevas imágenes.
Estas son las claves del asesinato, ocurrido el sábado y difundido en un vídeo el domingo, que causó al movimiento #JusticiaParaVictoria y revivió acusaciones de misoginia, xenofobia y racismo contra las autoridades mexicanas.
Victoria, de 36 años, vivía desde hace cinco años en México, donde trabajaba en limpieza de hoteles con una visa humanitaria que obtuvo en 2018 tras obtener refugio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), según contó su madre, Rosibel Arriaza.
La mujer, originaria de la ciudad de Sonsonate, tenía dos hijas de 15 y 16 años, pero Rosibel denunció desde El Salvador que las autoridades mexicanas no le informaron del paradero de sus nietas ni de la muerte de su hija.
El vídeo original muestra a uno de cuatro policías de Tulum mientras coloca su rodilla sobre el cuello de la mujer en el suelo junto a una patrulla, donde ella solo alcanza a gemir.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo encontró una fractura en la columna de la mujer por la ruptura de la primera y segunda vértebra, “lo que provocó la pérdida de la vida” y “coincide con las maniobras de sometimiento que se aplicaron a la víctima durante el proceso de detención”.
Los cuatro agentes, tres hombres y una mujer, ahora afrontan un proceso judicial por feminicidio.
Las autoridades aún no aclaran el motivo de la detención de la mujer, aunque medios locales citan una presunta alteración del orden público.
Pero las incógnitas crecieron la noche de este lunes, cuando se reveló un vídeo de seguridad en el que la mujer acude a una tienda de autoservicio a comprar agua y una persona dentro del local llama a la policía.
En las imágenes, la mujer ronda por la tienda con un garrafón vacío, pero en ningún momento agrede o confronta a algún cliente.
Posteriormente, salió a la luz otra grabación en la que se le ve forcejando con los empleados de la tienda de conveniencia, momentos antes de su muerte.
La grabación no tiene sonido y muestra a la mujer forcejando y retirándose del lugar sin realizar la compra del garrafón que lleva en las manos.
La polémica se agudizó por el reclamo del presidente Nayib Bukele, quien el lunes aseguró que “hay más agresores en este caso, también más víctimas” y que “no todos los culpables están arrestados”.
“El caso de Victoria es mucho peor de lo que pensábamos. Aún no podemos dar más información, pero el drama humano se extiende mucho más y deben haber varios cargos de misoginia y agresión (aparte del asesinato)”, manifestó en redes sociales.
Cuestionado por estas declaraciones, el canciller de México, Marcelo Ebrard, aseguró este martes que han compartido toda la información.
“Eso es lo que sabemos hasta ahora. No tenemos información adicional”, afirmó.
El caso toca dos crisis actuales de México, la de la violencia machista reflejada en el asesinato de más de 10 mujeres al día, y la migratoria, como muestra la detención de 34,993 migrantes irregulares hasta el 25 de marzo, con un aumento anual de 28 %.
Por ello, asociaciones feministas y defensoras de migrantes protestan desde este lunes en México para denunciar el racismo, xenofobia y machismo de las fuerzas de seguridad.
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió que el hecho lo “llena de pena, de dolor y de vergüenza”.
Varias agencias de la ONU, como la OIM, Acnur, la ONU-DH y ONU Mujeres han exigido una investigación “pronta e imparcial”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció este martes una investigación del caso, mientras que el presidente López Obrador justificó que la indagatoria penal corresponde a la FGE de Quintana Roo, que trasladó a los policías a “un centro de retención”.
Además, el secretario Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández, anunció la dimisión del jefe de policía del municipio Tulum, Nesguer Vicencio.
Amnistía Internacional (AI), el Instituto de las Mujeres en la Migración (IMUMI) y el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) exigieron garantizar a la familia sus derechos a la verdad, justicia, reparación integral del daño y repatriación digna del cuerpo.
Pero hasta ahora se desconoce la fecha de repatriación de los restos y quién custodia a las hijas, que recibirán han de recibir una manutención prometida por el Gobierno de El Salvador.