BUENOS AIRES, miércoles 30/12/20.- Esta madrugada el Senado de Argentina aprobó la ley del aborto, convirtiéndose en uno de los pocos países de América Latina en permitirlo.

Un camino largo, de años de luchas e intentos frustrados que ahora tiene un final entre polémica tras la aprobación de la ley, considerada “histórica” por grupos feministas e “inconstitucional” por detractores.

Poco después de las 4 de la madrugada, tras 12 horas de sesión parlamentaria, la expresidenta Cristina Fernández, vicepresidenta y titular del Senado, confirmó la noticia:

“Resulta aprobado con 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo”.

Y el júbilo y las lágrimas de emoción se apoderaron de miles de personas de la marea verde, como se conoce a los grupos que apoyan la legalización, que aguardaban a las puertas del Congreso, en Buenos Aires, con sus característicos pañuelos verdes y pancartas alusivas.

El proyecto sancionado, iniciativa del presidente Alberto Fernández -en el poder desde hace un año-, da la vuelta por completo a la legislación que rige desde 1921, cuando se aprobó el vigente Código Penal.

Según esa ley, sólo se puede acceder al aborto si corre peligro la vida de la madre o si el embarazo es resultado de una violación.

Cuando entre en vigor la nueva ley -hay diez días hábiles para que sea promulgada y luego deberá ser reglamentada- las mujeres podrán abortar voluntariamente, de forma segura, legal y gratuita, hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo en las dos causales hasta ahora permitidas.

Siempre en un máximo de 10 días desde su requerimiento.

También se autoriza la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran participar del aborto, pero siempre que deriven a las pacientes a otros profesionales que sí lo hagan.

Con este paso, Argentina, que en 2010 aprobó el matrimonio igualitario y en 2012 la ley de identidad de género, se reafirma como uno de los países con mayores avances en ese sentido en Latinoamérica, donde el derecho al aborto es inexistente o muy limitado en la mayoría de los países.

Sólo Cuba, Uruguay, Puerto Rico y Guyana, además de Ciudad de México y el estado mexicano de Oaxaca, permiten la interrupción voluntaria del embarazo.

Durante varios años los colectivos feministas trataron de que se aprobara una ley en Argentina.

En 2018 por primera vez el Congreso debatió un proyecto que, elaborado por una plataforma civil, obtuvo el “sí” de los diputados pero el rechazo del Senado.

Sin embargo, el año pasado, en su carrera por la Presidencia, Alberto Fernández se comprometió a impulsar una nueva ley y volver a intentarlo.

“El aborto seguro, legal y gratuito es ley. A ello me comprometí en los días de campaña electoral “, escribió en Twitter esta mañana.

“Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política”, apuntó.

La sanción del proyecto, con un resultado menos reñido de lo que se esperaba, representa un éxito para el presidente para rematar un complicado 2020 marcado por la pandemia y la grave recesión.

Más allá de la reivindicación del derecho de la mujer a decidir, uno de los principales problemas expuestos por el gobierno y las organizaciones para exigir una ley era acabar con los abortos clandestinos.

Sus consecuencias a menudo son mortales entre mujeres pobres que se someten a prácticas peligrosas por no poder ir a una clínica privada para someterse a una intervención segura, aun de forma ilegal.

Según la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, unas 3,200 madres fallecieron por abortos clandestinos desde el retorno de la democracia en 1983.

Sólo en los últimos dos años y cuatro meses, desde que el Senado votó en contra del anterior proyecto, ya ocurrieron al menos 12.

“Ahora las personas que decidan interrumpir su embarazo contarán con un servicio seguro y de calidad. Hoy crecimos como sociedad”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina.

Otro tema que llevó a aprobar la ley son los casos de las niñas víctimas de abusos y los embarazos adolescentes y las situaciones en las que se dificulta el acceso al aborto a niñas violadas.

Según estimaciones oficiales, cada año unas 90,000 menores tienen un hijo en Argentina.

La nueva ley establece que las menores de 13 años podrán abortar con la asistencia de al menos uno de sus padres o tutores.

Las que tengan entre 13 y 16 años sólo necesitarán autorización si el procedimiento compromete su salud y las mayores de 16 podrán decidir por sí solas.

Ya cuando se vislumbraba que el proyecto iba a cosechar más apoyos que rechazos, algunos senadores contrarios a la ley alertaron de que es “inconstitucional” y anunciaron que acabaría en la Justicia.

“Si este proyecto se transforma en ley será un juez el que termine resolviendo”, advirtió Silvia Elías de Pérez.

Remarcó que Argentina se comprometió en tratados internacionales y en leyes ya aprobadas “con los estándares más altos de protección para la vida desde el momento mismo de la concepción”.

“La decadencia de un Estado es cuando ni el presidente ni los legisladores, ni el Poder Judicial respetan la Constitución”, agregó el oficialista José Mayans.

A esto se suma la decepción de los colectivos celestes o “provida” -que también se habían congregado ante el Congreso- y la postura antiaborto de la Iglesia católica y el papa Francisco.

Ayer martes, sin referirse directamente a su Argentina natal, el Sumo Pontífice publicó en Twitter que “toda persona descartada es un hijo de Dios”.

Está por ver si esta situación perjudica al vínculo del pontífice con Alberto y Cristina Fernández, con quienes mantiene una relación aparentemente cordial desde hace años.

AGENCIAS