MÉRIDA, Yucatán, sábado 25/01/20.- Para proteger el patrimonio inmobiliario de los yucatecos, la certeza jurídica en la tenencia de la tierra es fundamental para garantizar las inversiones en Yucatán.
El tipo de propiedad y su condición jurídica es la base para tener acciones de inversión en el corto, mediano y largo plazo, por eso es prioritario la realización de programas de desarrollo urbano en sus diferentes escalas, con lo cual, la planeación del territorio es de interés público y con base a la tenencia de la tierra y a los requerimientos de la población, es como se definen los nuevos usos del suelo, los espacios para las infraestructuras, vialidades y equipamientos.
El problema en revisar nuevamente la reforma al artículo 27 constitucional, que está en vigor desde enero de 1992, está en el equilibrio de los usos del suelo y en cómo se establece la distribución equitativa de la riqueza, la cual tiene en cuenta el origen de la reforma y está relacionada con el Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.
Ahora mismo, en la antesala del nuevo tratado T-MEC, habría que reforzar el futuro de las tierras nacionales, para el desarrollo socioeconómico de los mexicanos, así como el equilibrio ecológico, urbano y agrícola.
Por eso es importante tener un posicionamiento de parte de la autoridad con respecto a cuáles serían las implicaciones de facilitar la venta de tierra sin que haya de por medio una estructura jurídica sólida, para garantizar los equilibrios entre los usos del suelo y las áreas estratégicas que prevengan la dotación de servicios, infraestructuras y equipamientos.
La especulación de tierras o los llamados terrenos de engorda, juegan un papel fundamental en los procesos que siguen las inversiones, ya que parece que el mercado inmobiliario es el que marca la hoja de ruta de la planeación del territorio, sin que vayan de la mano con las necesidades de la población en el corto, mediano y largo plazo, ni con las capacidades de los municipios.
Por tanto, la debilidad del marco jurídico urbano pone en jaque a las inversiones, lo cual va de la mano con la falta de estructuras operativas y administrativas para generar los programas de desarrollo urbano y establecer procesos de monitoreo y vinculación entre lo que se autoriza y se comercializa.