MÉRIDA, Yucatán, jueves 24/10/19.- Luego de que absolvieron ayer a los dos teporochitos acusados en 2016 de matar a dos ancianitos, ahora queda impune otro crimen en Yucatán y los culpables están libres y la justicia yucateca queda en entredicho otra vez.
Aunque en 2017 confesaron el doble crimen, ayer fueron absueltos, por insuficiencia probatoria, José Rodrigo Villanueva Pech (a) “Rich” y Pedro Pablo Moo Miranda (a) Robotín”, del asesinato de Juan Manuel Gonzalo Campos y Cáceres, de 91 años de edad, y de su esposa Lucelly Peniche Pasos, de 87, en mayo de 2016.
Tal y como adelantamos ayer, los jueces del Tribunal Segundo de Enjuiciamiento absolvieron a estos dos sujetos, quienes pasaron tres años presos, acusados de los delitos de homicidio calificado y robo calificado.
Según los jueves del tribunal, durante el juicio, la Fiscalía no logró que los acusados cometieron el delito, porque los elementos de la Policía Estatal que los detuvieron por faltas administrativas no dijeron cómo se enteraron que ellos estaban involucrados.
Tampoco remitieron los indicios completos, es decir, desaparecieron objetos de valor como monedas de plata y joyas.
Por su parte, el perito de huellas no pudo sostener su informe de huellas dactilares, de modo que no se hizo un comparativo de huellas encontradas entre los acusados y las halladas en el lugar del crimen.
En el informe de causalidad, de parte del criminalista, se destacó que no estaba sustentado en conocimientos científicos, carecía de información, no concluyó cuántas personas cometieron el delitos, por dónde entraron, así como tampoco determinó la causa del hecho y si murieron al mismo tiempo.
Por su parte, la criminalista Abril Sánchez examinó sólo fotos con fotos, no prendas ni los cuchillos usados en el doble asesinato, de modo que su dictamen fue poco claro, si fundamento científico y nunca apareció la supuesta camisa pijama del occiso.
Sólo se dijo que el móvil fue el robo, para que estos individuos pudieran obtener dinero para comprar licor y drogas, pero al ingresar a la residencia, luego de brincar los muros de un estacionamiento contiguo abandonado, fueron sorprendidos por la pareja de ancianos.
Porque estaban drogados y alcoholizados, los dos sujetos sometieron al par de viejitos y los asesinaron. Luego se apoderaron de diversos objetos de valor.
En el año 2017, los ahora liberados pactaron un procedimiento abreviado con la Fiscalía, para que purguen una condena de 30 años de prisión, luego que confesaran los hechos ante el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, sin que ninguna de las partes se inconforme.
Después de la audiencia, la señora Lucelly María del Pilar Campos Peniche, hija de los finados, apeló porque no se le pagó una reparación de daño integral y no estaba conforme con los 30 años de condena.
Por ese motivo, el Tribunal Superior de Justicia revocó el procedimiento abreviado y aunque la nieta de los ahora occisos, Lucelly Estefanía Ríos Covián Campos, por conducto de su abogado Emiliano Zapata, se amparó para que no proceda, no lo consiguió.
En agosto del 2019 se llevó al cabo la audiencia intermedia y el jueves 17 de octubre se inició el juicio oral.
Todo el procedimiento fue llevado por defensoras del Instituto de Defensoría Pública, las licenciadas Rosa Arteaga y Guadalupe Segovia, que ganan menos que los mismos fiscales, demostrando mayor profesionalismo que sus contrapartes y es que se supone que deben de obtener los mismos sueldos, pero no es así.