MÉRIDA, Yucatán, viernes 06/09/19.- Al concluir la etapa de alegatos de clausura, del juicio contra Martín Medina Sonda, la Fiscalía General pidió la pena máxima en contra del tabasqueño y Juan Ramón Moreno Hernández (a) “Cachorro” por el crimen de Emma Gabriela Molina Canto. Hoy viernes, el Tribunal Primero de Juicio Oral emitirá su veredicto condenatorio.

Después de que se emita una sentencia en contra de ambos procesados y en caso de ser encontrados culpables, en cinco días naturales se dará a conocer la pena corporal y pecuniaria a que podrían hacerse acreedores.

En la audiencia, la Fiscalía tuvo varios tropiezos para sostener más allá de la duda razonable sus razonamientos: el fiscal Ediel Zapata Solís, al momento de argumentar recordó que Rogelio César Reyes Barrueta (a) “Güero” tiene todavía calidad de imputado en este caso, acusado por el delito de homicidio calificado, aunque está suspendido su proceso por ser un testigo protegido y encontrarse en libertad bajo un criterio de oportunidad.

Sin embargo, durante la audiencia, por una indiscreción de la juez relatora salió a relucir que los jueces que integran el Tribunal Primero de Enjuiciamiento, antes de emitir condena, ya tenían un veredicto favorable para Reyes Barrueta, indicando que tenía falta de elementos, cosa que se le hizo saber, aunque en un principio lo negaron.

Rogelio César ha dicho que está “arrepentido” de su participación en el homicidio de Emma Gabriela y, supuestamente, no buscaba algún beneficio por esto y ha señalado a los autores materiales directos del crimen, los tabasqueños Oscar Miguel López Tobilla y Jonathan Mézquita Avalos, al igual que en dos ocasiones le mostró al “Cachorro” donde vivía la víctima, para cumplir el plan para asesinarla.

También dijo que recibió varios depósitos de dinero para pagarles por su labor.

El fiscal resaltó que varios testigos dan cuenta de la estancia del “Cachorro” en Mérida, al igual que se le captó en imágenes de video en la terminal de ADO y en un hotel donde se hospedó; también lo reconoció un chófer de Uber, que lo llevó a la casa de Emma y lo llevó hasta Campeche, una vez concluido el crimen.

Igualmente reconoció que un perito, del que trató de desestimar su actuación, indicó que las imágenes captadas de este sujeto no eran muy claras y no coincidían con sus características físicas.

Por eso dijo que “con una sola prueba no se genera la duda razonable, no obstante el dictamen de este perito”.

Cuando habló sobre Medina Sonda, dijo que aun estando preso no era para éste un impedimento comunicarse al exterior, para fabricar delitos contra Emma Gabriela y su madre y mucho menos planificar el asesinato de la primera, pues tenía motivos de odio y rencor en su contra.

Porque tenía los medios económicos suficientes y de poder político para hacerlo.

Luego trató de establecer la entrada y comunicaciones del “Güero” al Centro de Reinserción Social de Tabasco, recluido en el Área de Alta Seguridad, y dijo que es de todos conocidos que de los penales salen llamadas de extorsión y que los inhibidores de señales de teléfonos celulares no funcionan del todo.

Más tarde, desestimó a los testigos que presentó la defensa: el ex director de ese reclusorio, el ex jefe de seguridad y dos custodios, pues dijo que tenían intereses para declarar a favor de Medina Sonda, cuando son funcionarios, “pues jamás iban a aceptar su responsabilidad”.

Por su parte, la defensa, representada por Fernando Saucedo, indicó que la presunción de inocencia es algo que se tiene que destruir, no se trata de maquillar las cosas.

Dijo que la presunción de inocencia de su cliente, por el principio de la duda razonable, ha quedado intocable, no obstante los argumentos de su contraparte.

Expuso que la Fiscalía no investigó en Villahermosa; no pidió informes al penal de ese lugar; no trajo a comparecer a los técnicos de las compañías telefónicas que efectuaron unas escuchas a los teléfonos de los inculpados.

Tampoco recabó información de los representantes de las compañías aéreas, para conocer si transportaron por esos medios el “Güero” y “El Cachorro”; no investigó en los libros de gobierno del penal de Tabasco.

La parte acusadora pasó varios inconvenientes para tratar de desvirtuar los alegatos de la defensa.