MÉRIDA.- Carlos Lucio Gutiérrez Matos, junto con sus hijos Carlos Antonio, Rita Isabel, Karina de Fátima Gutiérrez Dopazo y su hermano Mario Hernán, fueron vinculados a proceso, acusados de fraude, porque fingieron la venta de unos predios, para que no los embargaran.
Esos predios los embargaron porque Carlos Lucio le debe 10 millones de pesos a Sergio Siqueff Wabi, quien lo denunció porque no pagó.
La juez de control Blanca Beatriz Bonilla González les impuso, como medidas cautelares, a Carlos Lucio y Mario Hernán, la prohibición de salir del Estado. A los demás implicados, la presentación periódica al Centro de Supervisión de Medidas Cautelares, la prohibición del salir del Estado y someterse a la vigilancia del citado centro. Esta medida cautelar tendrá vigencia seis meses y el cierre de investigación se fijó en cuatro meses.
Los hechos se dieron el 26 de marzo del 2012, cuando el señor Carlos Gutiérrez firmó un pagaré a favor de Siqueff Wabi por 10 millones de pesos que le adeudaba a éste, documento que tenía como plazo de vencimiento el 26 de marzo del 2013.
Al no cumplir con el pago, el afectado, el 30 de enero del 2014, presentó ante los Juzgados de Distrito el Juicio Ejecutivo Mercantil en contra del deudor, demanda que fue remitida al Juzgado Quinto de Distrito.
En febrero del 2014 se admitió la demanda y se comisionó al actuario de dicho juzgado para que junto con el demandante se presentaran al domicilio del deudor y lo requiera de pronto y efectivo pago, siendo que en caso de no hacerlo le embargue bienes para garantizar el pago.
Esta diligencia se realizó el 12 de febrero del 2014, en la que se le embargaron cinco predios, quedando el deudor como depositario de dichos inmuebles.
Para el 5 de junio del 2014, el afectado se enteró que Carlos Lucio simuló una venta a favor de su hijo César de un predio ante el notario público Carlos Goff Rodríguez.
Luego, en junio de ese mismo año fue notificado por el actuario del juzgado de distrito, que Carlos Antonio, Rita Isabel, Karina de Fátima y Mario Hernán interpusieron un amparo en contra del embargo trabado en los cuatro predios restantes, alegando ser los propietarios, por ventas y donaciones que se realizaron uno y dos días antes del embargo.
Sin embargo, para mala suerte de los promoventes no pudieron acreditar tal propiedad, porque solamente fueron actos realizados para simular una insolvencia, tratando de eludir sus obligaciones.
El asunto pasó al ámbito penal y se les imputó y ahora vinculó a proceso penal.