IZAMAL.- Unos 50 policías de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), custodiaron ayer martes a las 11 de la mañana a Sandy Lucía Carrillo Canché, actuaria del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial de Yucatán, para ejecutar la orden de desalojo de una ferrotlapalería ubicada sobre la calle 305 de la calle 31 con 30-A.

Al lugar arribaron seis patrullas de la SSP —las 6839, 6361, 6364, 6376, 2162 y 2161— y cuatro de la Policía de Izamal, y los agentes resguardaron el lugar y supervisaron la ejecución de la orden judicial.

Ayer publicamos que la ferretería fue desalojada y se especula que el predio se le venderá al ex banquero Roberto Hernández, porque la casa colinda con una pirámide.

Gustavo Reyes Ponce, quien ganó el juicio mercantil que promovió contra la compraventa del predio realizada el 28 de mayo de 1990, supuestamente por su padre, Gustavo Reyes Bolio, y Mario Arturo Castillo Can dijo que con la anulación y recuperación de la casa se da por finalizada la diligencia.

También se averiguó que durante el juicio se determinó que en el contrato de compraventa se falsificó la firma de Reyes Bolio, hecho que motivó incluso denuncias en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con copia de una prueba de grafoscopía y documentología que la AIC presentó en un juicio de amparo en 2016 a raíz de la denuncia en la PGR, la Notaría Pública 8, del abogado Luis Silveira Cuevas y con domicilio en Mérida, avaló la firma fraudulenta.

Reyes Ponce fue testigo ayer del desalojo y dijo que cuando se tiene la razón y la certeza jurídica, nada puede estar por encima de la ley.

El desalojo, que continuaba a las 5 de la tarde, incluso generó empleos, ya que el negocio contrató en la calle a unos 20 varones para que suban mercancías y bienes a varios vehículos, labor que también hicieron los seis empleados del comercio, entre ellos dos mujeres.

Decenas de curiosos fotografiaron y grabaron con sus celulares el desalojo.

Algunos de ellos comentaron que el desahucio se debió a que la ferretería no pagaba renta por el edificio; otros dijeron que adeudaba dinero al dueño del predio.

No se informó a dónde se reubicará el negocio, pero se presume que será en el edificio que el dueño construye en la avenida Zamná.