MÉRIDA.- A pesar que no quería, la señora Delta Lizette Arroyo Sauri tuvo que comparecer para ser imputada a proceso penal por el delito de desobediencia y resistencia de particulares a un mandato de autoridad, pues no permitió que su ex marido vea a su hija, pese haber de por medio la orden de un juez familiar.
Durante la audiencia, que presidió el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, se determinaron medidas cautelares contra la señora. Esas medidas fueron, no salir de la ciudad de Mérida y el Estado y presentarse a firmar ante el fiscal investigador.
Esto tendrá vigencia hasta la audiencia de vinculación a proceso, que quedó programada para el sábado 29 de octubre.
La denuncia fue sustentada por el Juez Primero de lo Familiar y en el Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado se inició un expediente relativo a un juicio ordinario civil de divorcio, promovido por un ciudadano de iniciales R.R. en contra de la ahora imputada (ambos progenitores de una menor de identidad reservada).
El 2 de marzo del año 2015, se dictaron medidas de protección respecto de la menor y se determinó que el régimen de convivencia entre ella y su padre sería en la modalidad de entrega-recepción los días sábados de cada semana, en el horario comprendido de las once a las dieciséis horas, por el plazo de tres meses, lo cual sería en el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, ubicado en la calle 54 con 73-A del centro.
La mamá llevaría a ese lugar a la menor, para posteriormente ser devuelta a ella. Sin embargo, no cumplió con llevar a la niña al citado centro de convivencia los días 2 y 9 de mayo de 2015.
Por ese hecho, la imputada fue apercibida que en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas en el citado auto sobre el régimen de convivencia, el hecho se consignaría de oficio a la Fiscalía del Fuero Común, para que aplique la ley correspondiente, lo que al final de cuentas se hizo.