MÉRIDA.- Aunque la presidenta del INAIP Susana Aguilar Covarrubias está en una situación delicada por la supuesta doble venta del Instituto Patria, del que eso socia, el presidente del Centro Empresarial de Mérida (Coparmex), Gustavo Cisneros Buenfil consideró que se debe esperar el resultado de las investigaciones y no exigir que ella deje su cargo
“Hay que esperar las investigaciones en el caso del Instituto Patria para emitir un juicio en torno a la presidenta del INAIP, pero si ella considera que su permanencia daña la imagen de transparencia debe hacerse a un lado”, precisó.
“Primero que nada habría que aclarar exactamente cuál es la situación y para ello hay que esperar los cauces legales. No creo oportuno que uno se pueda guiar por versiones que están presentando los abogados de ambas partes, sino más bien hay que esperar que la autoridad actúe y dependiendo del resultado se tendría que dar un ajuste”, señaló.
Cisneros Buenfil indicó que antes de esa investigación es prematuro pedir la separación del cargo de la presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
“Lo delicado de este asunto, que es un tema entre particulares y privado, entre su esposo (David Abraham Achach) que es el que representa al Instituto Patria, es que ella tiene un puesto público, garante de la transparencia. Si ella decidiera que separarse del cargo es conveniente, porque está dañando a la Institución pues bienvenido, pero es una decisión personal”, señaló.
Aguilar Covarrubias y David Abraham Achach, además de esposos también son socios en la propiedad del Instituto Patria, y es posible que haya estado enterada de las presuntas dos ventas del inmueble educativo.
“Es cierto, pero también hay que verlo como una cuestión de carácter mercantil, en la que uno, como empresario, tiene algunos problemas en diversas etapas y en diversos tipos de circunstancias y no necesariamente por eso se tenga que renunciar a un puesto”, señaló.
El grupo Nacer Global ha denunciado una segunda venta ilegal del Instituto Patria a un grupo de empresarios locales, pese a que se había registrado ante el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY).
Incluso han denuncia una posible complicidad entre los empresarios yucatecos y el INSEJUPY para beneficiar a los nuevos dueños yucatecos del Instituto Patria.