MÉRIDA, Yucatán, domingo 11/10/2026.– El diputado local y presidente del PRI Yucatán, Gaspar Quintal Parra, exigió al Gobierno del Estado explicar y documentar la adquisición de terrenos en San Antonio Poxilá a $260 por metro cuadrado, frente a valuaciones oficiales federales cercanas a $87 y $88 en la misma localidad.
En octubre de 2023, el INDAABIN valuó 4.3088 hectáreas del ejido San Antonio Poxilá en $3 millones 768 mil 565 pesos, equivalentes a aproximadamente $87.46 por metro cuadrado. El decreto federal indicó que Fonatur Tren Maya debía pagar la indemnización.
En noviembre de 2024, otro avalúo del INDAABIN sobre 18.7242 hectáreas del mismo ejido determinó un monto de $16 millones 529 mil pesos, equivalente a $88.28 pesos por metro cuadrado, cuyo pago quedó a cargo de Tren Maya, con su propio presupuesto autorizado.
Posteriormente, el Gobierno de Yucatán adquirió cinco terrenos en Poxilá a $260 pesos por metro cuadrado, que terminaron formando parte de los inmuebles donados al Tren Maya.
“La pregunta es por qué el Estado decidió gastar recursos de los yucatecos en terrenos para un proyecto federal que tenía presupuesto y mecanismos propios para adquirirlos, y qué justificó pagar ese precio”, cuestionó Quintal Parra.
El legislador precisó que la diferencia de valores no demuestra por sí sola un sobreprecio, pues deben analizarse las características de cada inmueble.
Por ello, exigió publicar los avalúos estatales completos, las escrituras, los vendedores, los comprobantes de pago y el historial de propiedad de los terrenos.
Además, señaló que la revisión de información oficial permitió identificar dos operaciones estatales por $627.2 millones y aproximadamente 290.27 hectáreas, por lo que pidió transparentar predio por predio la totalidad de las adquisiciones.
“No pedimos explicaciones generales. Pedimos los documentos que permitan saber qué se compró, a quién, a qué precio y con qué justificación. Si pagar $260 pesos por metro cuadrado fue correcto, los avalúos deben demostrarlo”, afirmó.
“El Gobierno tiene que explicar dos decisiones: por qué Yucatán asumió un costo que correspondía a un proyecto federal y por qué lo hizo pagando un precio tan distinto a las referencias oficiales en Poxilá. Que abra los expedientes y rinda cuentas”, concluyó.


