MÉRIDA, Yucatán, jueves 30/04/2026.- El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín planteó la necesidad de construir un marco regulatorio adecuado para las Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos), al señalar que la falta de reglas claras limita el acceso al ahorro y al crédito en las zonas rurales del país.
En el marco de la Consulta sobre “El derecho a la Organización Financiera de Comunidades Rurales e Indígenas”, realizado en el Senado de la República en el que participaron legisladores y representantes del sector, Ramírez Marín señaló que esta propuesta surge de la necesidad de cerrar la brecha entre el sistema financiero tradicional y las realidades del entorno rural, donde, dijo, persisten condiciones que impiden el acceso efectivo al ahorro y al crédito.
Reconoció que su acercamiento al tema ha sido resultado de la interacción con especialistas, lo que le ha permitido dimensionar la falta de respuestas institucionales frente a esta problemática.
Asimismo, el legislador federal del Partido Verde indicó que existe una desconexión entre el sistema financiero tradicional y las realidades de las comunidades rurales.
Explicó que estas instituciones suelen ser tratadas como bancos, lo que genera dos obstáculos principales: la percepción de que no pueden operar en zonas marginadas y la exigencia de cumplir con regulaciones diseñadas para la banca convencional.
Dijo que el problema no radica únicamente en la falta de recursos económicos en el campo, sino en la ausencia de mecanismos que permitan retenerlos y transformarlos en oportunidades de financiamiento.
En este sentido, señaló que las Sofincos pueden convertirse en un instrumento clave para canalizar el ahorro y convertirlo en crédito, especialmente en comunidades donde el sistema financiero tradicional no tiene presencia efectiva.
Destacó que las cifras evidencian la urgencia de atender esta situación: sólo el 54.8 por ciento de la población rural cuenta con una cuenta de ahorro formal, frente al 71.2 por ciento a nivel nacional, y apenas el 6.3 por ciento de los productores rurales tiene acceso a crédito.
Ramírez Marín indicó que, pese a la llegada constante de remesas, estos recursos no logran consolidarse en las comunidades por la falta de instituciones que los capten y transformen en instrumentos financieros.
Ejemplificó el caso de Oaxaca, donde más de mil socios lograron ahorrar 76 millones de pesos en una década, sin que estos recursos se traduzcan plenamente en crédito productivo.
Finalmente, el legislador ecologista subrayó que la intención es clara, debido a que se busca fortalecer el ahorro y el crédito en estas zonas, impulsar la economía rural y avanzar hacia una verdadera justicia social en México.