MÉRIDA, Yucatán, lunes 09/02/26.- Un grupo de 207 ejidatarios denunció públicamente el abandono del Gobierno del Estado y la “invasión” de 223 hectáreas de parte del Gobierno Federal y del Ejército Mexicano para la construcción del tramo de carga del Tren Maya que conecta Umán con el puerto de Progreso.
Ayer domingo en la tarde la tensión subió de tono, pues los ejidatarios convocaron a una mesa de diálogo a las afueras de la casa ejidal, pero el resultado fue un desplante, las autoridades federales brillaron por su ausencia.
El único enviado estatal confesó que carece de facultades para tomar decisiones y “chen” fue un “oyente”, lo que los afectados calificaron como una burla a su demanda de indemnización justa.
El conflicto no es solo externo, ya que los campesinos hicieron la asamblea en la calle, debido a que el comisario Gilberto Pech Tho mantiene “secuestrado” el edificio ejidal.
Sobre él pesan graves acusaciones de complicidad en la entrega irregular de tierras, además de Juvencio Valdez, supuesto asesor que habría extorsionado a los 207 ejidatarios con más de 100 mil pesos bajo la promesa de gestionar los pagos que nunca llegaron.
Ante la nula respuesta, los ejidatarios lanzaron un ultimátum: El próximo miércoles paralizarán las obras del Tren Maya o bloquearán la carretera Mérida-Progreso e impedirán el paso de transporte de carga del Puerto de Altura.
Sostienen que nunca hubo una asamblea oficial para otorgar permisos de paso, por lo que la presencia del Ejército en sus tierras es ilegal.
La actuación del Gobierno Federal y la Sedena en Sierra Papacal contraviene disposiciones fundamentales de la propiedad social en México. De acuerdo con la Ley Agraria y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proceso de expropiación no es un acto arbitrario.
“Nos invadieron como si la tierra no tuviera dueño; el C5i sirve para vigilar a los ciudadanos, pero parece que las leyes no sirven para vigilar al gobierno que nos roba”, afirmó uno de los manifestantes.


