MÉRIDA, Yucatán, viernes 06/02/2026.- Indignación, alarma y profundo rechazo provocó entre notarios públicos el nombramiento de Luis Fernando de Jesús Pino Barrera, Notario Público 26, como Director del Archivo Notarial, tras la sorpresiva renuncia de Antonio Pasos Canto. La designación no solo resulta polémica, sino que también enciende focos rojos por los graves antecedentes del nuevo titular.
Pino Barrera es un personaje señalado reiteradamente por su vinculación con la llamada mafia inmobiliaria, a través de supuestos fraudes cometidos mediante “traspasos” de créditos del Infonavit, atrasos injustificados en escrituras, nulidades de actos jurídicos, falsificación y suplantación de identidades, así como falsificación de documentos e impuestos. Estos señalamientos no son rumores: hay docenas de denuncias en su contra ante la Fiscalía, además de múltiples quejas ciudadanas ante la Consejería Jurídica, dependencia a la que pertenece directamente la Dirección del Archivo Notarial que ahora encabeza.
La gravedad del caso obliga a una pregunta: ¿Cuántas denuncias hay realmente en la Fiscalía contra Pino Barrera y cuántas quejas formales reposan en la Consejería Jurídica sin resolverse? La opacidad en torno a esta información solo aumenta la desconfianza y refuerza la percepción de encubrimiento institucional.
El historial del nuevo Director del Archivo Notarial incluye, además, un hecho contundente: fue suspendido de sus funciones como notario durante el gobierno de Mauricio Vila, conforme a lo publicado en el Diario Oficial del 20 de julio de 2023, derivado de una vinculación a proceso en juicios por falsificación de impuestos municipales y documentos oficiales como actas de matrimonio y certificados de gravamen. Pese a ello, regresó a sus funciones gracias a un amparo, sin que hasta ahora se haya explicado públicamente el estado actual de dichos procesos.
Con estos antecedentes, resulta francamente insostenible que Pino Barrera cumpla con el requisito indispensable para ocupar la Dirección del Archivo Notarial: ser una persona de reconocida probidad, como lo establece de manera expresa el artículo 118 Ter, fracción IX, de la Ley del Notariado del Estado. La designación plantea una interrogante incómoda pero necesaria: ¿el Consejero Jurídico desconoce los antecedentes del notario o decidió simplemente ignorarlos?
También cabe preguntarse si se ha realizado una revisión real y exhaustiva del cúmulo de quejas, denuncias y del proceso judicial al que fue vinculado, el cual, de concluir con una sentencia condenatoria, podría derivar en la destitución de Pino Barrera como notario. O si, por el contrario, esos expedientes fueron enterrados o desaparecidos convenientemente.
Las dudas se agravan al considerar que Luis Fernando de Jesús Pino Barrera es hermano de la magistrada de disciplina judicial Landy Aimee Pino Barrera y sobrino del priista Orlando Paredes Lara, lo que ha alimentado la percepción de protección política, conflicto de interés y trato privilegiado, en detrimento de la legalidad y la confianza pública.
El mensaje que deja este nombramiento es devastador: los antecedentes, las denuncias y la ley parecen no ser obstáculo cuando existen conexiones suficientes, incluso tratándose del resguardo del Archivo Notarial, pilar de la certeza jurídica en el estado.