MÉRIDA, Yucatán, miércoles 22/10/2025.- El diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra, expresó que el proyecto de dictamen de la Reforma al Isstey que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación es insuficiente, no garantiza la viabilidad financiera del instituto ni restituye todos los derechos laborales de los servidores públicos de Yucatán.
Como ejemplo, el legislador precisó que la mayoría de Morena se opuso a la propuesta del PRI que consideraba tipificar como delito en el Código Penal la omisión o retención indebida de cuotas de seguridad social, la cual tenía como objetivo evitar desfalcos a las pensiones de los trabajadores.
“Me parece trillado que se siga diciendo que en gobiernos anteriores hubo desfalcos en el Isstey y que era su ‘caja chica’, pero que no se haga nada para castigar a los supuestos responsable. La propuesta del PRI planteó que se les pueda denunciar penalmente, pues todavía viven los que fueron directores del instituto, algunos hasta son funcionarios actualmente. Pero sino se les quiere inhabilitar, entonces solamente están engañando a los trabajadores”, apuntó.
El legislador lamentó que tampoco se está considerando la propuesta del PRI de que regrese el seguro de cesantía a los servidores públicos, a pesar de que varios dirigentes sindicales que comparecieron este día en la Comisión solicitaron que regrese ese derecho.
El diputado priísta también advirtió que se mantendrá el descuento del 15 por ciento de las cuotas a los salarios de los trabajadores de nuevo ingreso y que la iniciativa del gobernador sólo congelará la cuota en un 11 por ciento a los trabajadores de transición hasta el 2030, por lo que ese porcentaje seguirá aumentando a partir del año siguiente.
En ese sentido, recordó que la propuesta del PRI era más beneficiosa, pues establecía que regrese al 8 por ciento, como estaba en la ley anterior del Isstey, y que el Instituto devuelva el dinero cobrado de más a quienes ya pagaron los porcentajes de cuotas excesivos.
Otro punto que no fue incluido en el dictamen, es que se blinden los fondos de pensiones ante riesgos de inversiones, porque no se consideró que el Consejo Directivo del Isstey autorice previamente que el director general pueda contratar intermediarios y agentes financieros supuestamente especializados para ofrecer servicios.
De igual manera, no se está eliminando de manera total el salario regulador, ya que no se considera abarcar todas las percepciones que recibía el servidor público, como los vales de despensa.
A grandes rasgos, enfatizó Gaspar Quintal, el dictamen que se discutirá en el Pleno del Congreso del Estado el próximo viernes no está restituyendo todos los derechos laborales de los servidores públicos ni mucho menos se garantiza la viabilidad financiera del Isstey, además de que no coloca candados para evitar futuros desfalcos a las pensiones.