MÉRIDA, Yucatán, miércoles 03/09/2025.- El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, con sede en Yucatán, otorgó una suspensión provisional que frena la obligación de entregar datos biométricos —como huellas dactilares, fotografías y escaneo de iris— para la integración de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La decisión fue tomada por una queja de un ciudadano que impugnó la negativa de un juez federal a otorgar la medida cautelar. El tribunal consideró que, si bien las reformas a la Ley General de Población (LGP) buscan fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, también existe un interés superior en proteger los datos sensibles y la vida privada de la gente.

“Contrario a lo sostenido por el juzgador federal en las circunstancias del caso concreto, sí es posible conceder la suspensión provisional únicamente respecto de la Ley General de Población, en un análisis realizado bajo la apariencia del buen derecho”, indica la resolución.

El decreto de modificación a la LGP fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio pasado. Entre sus disposiciones estipula la recolección de datos biométricos de los ciudadanos para fortalecer una base de datos nacional.

El tribunal yucateco consideró que, aunque la finalidad de la norma es significativa, la entrega de biométricos es un procedimiento irreversible, lo que justifica la suspensión provisional hasta que se resuelva de fondo el amparo.

CASOS SIMILARES EN OTROS ESTADOS

El caso de Yucatán no es el único. En la Ciudad de México, el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Ulises Oswaldo Rivera González, concedió suspensiones dentro de los juicios de amparo 1309/2025 y 1316/2025, argumentando que obligar a los quejosos a proporcionar sus datos biométricos sería una medida irremediable. La audiencia incidental para definir si se otorga la suspensión definitiva fue fijada para el 1 de septiembre.

En Querétaro, el recurso de queja 231/2025 también resultó en una suspensión provisional, luego de que el tribunal advirtiera que la legislación carece de lineamientos claros para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información.