MÉRIDA, Yucatán, lunes 21/07/25.- Ante la evidente complicidad de Armín Lizama Córdoba, director del IDEY, quien protege a acosadores sexuales de niñas deportistas, tres mamás se unieron para pedirle al gobernador Joaquín Díaz Mena que tome cartas en el asunto y castigue a los acosadores y a sus cómplices.
Los tres casos, de los cuales El Grillo informó ´puntual y verazmente, se dieron con una niña que entrenaba voleibol, otra entrenaba clavados y la última, entrenaba pesas y se había ganado un lugar en la olimpiada nacional y figuraba entre las 12 mejores de México.
PRIMER CASO: La mamá de la niña que entrenaba volibol, le pide al gobernador, debido a que se presenta como el representante de una administración del cambio, que demuestre con hechos su compromiso con la justicia y el cumplimiento de la Ley Violeta, norma que garantiza la protección de niñas, adolescentes y mujeres en situaciones de violencia, y que fue aprobada y publicada en este mismo Estado como un avance hacia la erradicación de las violencias estructurales.
La señora recuerda que su hija, en marzo de este año, fue víctima de acoso sexual por teléfono del jefe de centros Regionales de IDEY (José Rejón Vela), quien le mando fotos pornográficas a la jovencita por teléfono.
La señora precisa que no denunció en la Fiscalía por no re victimizar a su hija y solo se publicó una de las fotos, pero al ver que hay más casos de niñas que han sufrido peores agresiones, violencia física y psicológica, y abuso sexual, decidió unirse a estas mamas que al igual que yo hacemos todo lo posible por defender a nuestras hijas.
La señora precisa que al Tuco lo protege el director del IDEY Armin Lizama, quien nunca le dio de baja y si lo nombro coordinador de la Olimpiada Nacional y ahora coordinador del programa de verano, con lo que se expone la integridad de más niños y niñas, por eso hoy le doy toda mi autorización a esta editorial que siempre se ha manejado con la verdad, de publicar la otra foto pornográfica y exhibir a este acosador públicamente y le digo públicamente al acosador José Rejón si usted no tiene hijas, para hacer estas cochinadas como creo que acostumbra.
CASO DE LAS NIÑAS DE CLAVADOS
Soy madre de dos niñas clavadistas de alto rendimiento, y hoy denunció públicamente la modificación indebida de una ejecución de sentencia de AMPARO FEDERAL que protegía y restituía los derechos de mis hijas, víctimas de violencia física, psicológica, discriminación, rezago y bloqueo deportivo de parte de los entrenadores del IDEY compañeros clavadistas y madres de esos atletas.
De acuerdo con la madre, las menores fueron agredidas por el entrenadores del IDEY, Héctor Adonia S.P., quien luego de declarar que había agredido a la menor de las niñas, de OCHO años de edad, huyó a Estados Unidos, y Daniel Alexander G.V., quien continúa dando entrenamientos en el Kukulcán a pesar de múltiples resoluciones judiciales y recomendaciones oficiales que confirman las agresiones a las menores.
La madre de las niñas atletas clavadistas afirma que desde 2019 ha interpuesto denuncias en diversas instancias. Entre ellas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), que emitió la Recomendación 08/2021 a favor de las menores; y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, que resolvió favorablemente en el expediente 129/2019. Además, obtuvo una sentencia a su favor en el juicio de amparo 1142/2022, por medio del cual se ordenaba asignar un entrenador adverso especializado en clavados y de alto rendimiento para que entrene a las niñas para que recuperen su nivel deportivo.
“Sin embargo, la situación dio un giro preocupante cuando -según denuncia-, el secretario en funciones de juez, Jorge Rivelino Becerril Jardón, y la secretaria Guadalupe del Carmen Orozco Domínguez, modificaron la ejecutoria de sentencia originalmente dictada por la jueza Socorro del Carmen Díaz Urrutia, dejando sin efecto la protección judicial y exponiendo nuevamente a las menores a su agresor.”
“Es un jaque mate a los derechos de mis hijas. No solo revictimizan a mis niñas, también ignoran años de lucha legal, sentencias firmes y resoluciones que reconocen el daño que han sufrido”, expresó la madre en un documento enviado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), solicitando su urgente intervención.”
La madre de las niñas también acusó la falta de apoyo legal efectivo, asegurando que el defensor asignado por la Judicatura Federal no ha actuado con diligencia ni imparcialidad, dejándolas en estado de indefensión.
La resolución más reciente, de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, desechó su queja por “falta de pruebas”, lo que ella considera un acto de omisión, pues –asegura-, las pruebas están contenidas en el amplio expediente del juicio de amparo.
“Actualmente, le he solicitado a la SCJN que revise el expediente íntegro del caso, investigue las omisiones judiciales y se garantice la restitución de derechos y la reparación del daño a sus hijas, quienes, además de sufrir violencia institucional, han sido alejadas del deporte que aman por la falta de medidas efectivas de protección”
“El caso ha despertado preocupación en organizaciones defensoras de derechos humanos por la falta de ejecución de sentencias firmes, el presunto encubrimiento de funcionarios del IDEY Armin Lizama Córdova y de la CONADE (Rommel Pacheco Marrufo) y la revictimización de menores en el ámbito deportivo”.
Por eso, señor gobernador Joaquín Díaz Mena que nuevamente le solicitamos su urgente intervención como titular del Poder Ejecutivo en el Estado, ante un caso de violencia institucional y omisión grave de justicia que involucra a dos niñas atletas clavadistas de alto rendimiento víctimas de abuso, discriminación y maltrato psicológico por parte de servidores públicos del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), sin que hasta la fecha exista sanción alguna.
A más de seis años de lucha de parte de la madre de las menores, los derechos de estas niñas siguen vulnerados, sin acceso a un entorno seguro para su desarrollo deportivo, y con su agresor, Daniel Alexander G. V., aún activo en el Centro Acuático Rommel Pacheco Marrufo, sin sanción ni consecuencias, gracias a la protección institucional de funcionarios de administraciones anteriores y de la actual, incluyendo altos directivos, jueces y magistrados que han obstaculizado el acceso a la justicia.
Asimismo, informamos que la Fiscalía General del Estado de Yucatán mantiene bloqueadas las denuncias penales 29/141/2021, así como las interpuestas por violencia institucional bajo los expedientes G872916/2023 y G8/4130/2023, estas dos últimas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Violencia Institucional, y sin que exista hasta ahora respuesta alguna. (CONTINUARÁ).