MÉRIDA, Yucatán, miércoles 28/05/2028.- En un caso que parecía perdido para miles de familias, la justicia federal se convirtió en aliada de los ciudadanos. Tras décadas de incertidumbre, un amparo promovido por el abogado Gabriel Cabrera Araujo logró echar abajo una sentencia que pretendía despojar a más de 6 mil familias de sus hogares, en uno de los conflictos de tierra urbana más complejos que se recuerden en la capital yucateca.

El caso se originó a raíz de una antigua disputa de propiedad sobre los terrenos de la ex hacienda San Diego Azcorra, que hoy comprenden zonas ampliamente habitadas y desarrolladas. Colonias enteras como Vicente Solís, Canto, María Luisa, San José y San Antonio Kaua, además de espacios públicos como el complejo deportivo Kukulcán, el Poliforum Zamná y diversas gasolineras, quedaron en riesgo luego de que, en 2005, el Juzgado Tercero de lo Civil resolviera a favor de Jorge Wílberth Canto Hernández, quien fue reconocido como supuesto propietario legítimo de 222 hectáreas.

La sentencia implicaba, de manera literal, que todo lo construido sobre esa superficie —casas, iglesias, parques, albergues, escuelas, negocios y hasta instalaciones deportivas— pasaba a manos del demandante. El impacto fue inmediato y devastador entre la población, al saberse que la tenencia legal de sus viviendas estaba siendo cuestionada, a pesar de contar con años, incluso décadas, de residencia continua.

Sin embargo, la esperanza resurgió cuando el abogado Gabriel Cabrera Araujo, representante de un grupo de vecinos afectados, promovió un amparo federal ante la resolución judicial. Tras un proceso exhaustivo, la jueza que conoció el caso le dio la razón a los ciudadanos, declarando sin efecto la sentencia que favorecía al demandante y estableciendo que el reclamo de propiedad no tenía sustento legal suficiente.

“El fallo de la jueza significa justicia para las familias. No solo para mis representados, sino para todas las personas que por años vivieron con miedo, sin saber si sus hogares seguían siendo suyos legalmente”, expresó Cabrera Araujo. “Hoy se ha demostrado que, con fundamentos jurídicos y la lucha organizada, sí se puede hacer frente a intereses que parecían intocables”.

Este logro restaura la seguridad jurídica de los colonos, quienes ahora pueden permanecer en sus casas sin el temor de ser desalojados ni de perder su patrimonio. Las implicaciones del amparo van más allá del grupo que representaba Cabrera: beneficia a toda la población que habita en las 222 hectáreas involucradas, muchas de las cuales estaban al margen de cualquier apoyo legal o conocimiento del caso.

Para quienes aún tengan dudas sobre si sus propiedades se encuentran dentro del área afectada o deseen obtener información y orientación legal, el abogado Gabriel Cabrera Araujo ha puesto a disposición su número de contacto directo: 999 279 3753.

Además de este caso, el abogado Cabrera Araujo también lleva actualmente la representación legal de las víctimas del caso “Préstamo Yucatán”, en conjunto con el Diputado Morenista Bayardo Ojeda Marrufo, un presunto esquema de fraude encabezado por un individuo identificado como Bas Pinto, según las denuncias presentadas por ciudadanos. En ese proceso, se busca justicia para decenas de personas que fueron engañadas con préstamos irregulares, agravando aún más su situación económica. en nota aparte tenemos toda la información.

El resultado del amparo por las tierras de la ex hacienda San Diego Azcorra sienta un precedente importante en la defensa del patrimonio urbano en Yucatán, y refuerza el mensaje de que la organización vecinal, la asesoría legal adecuada y el acceso a la justicia son herramientas fundamentales para enfrentar abusos o intentos de despojo.

Vecinos de las colonias involucradas celebraron el fallo con alivio y emoción. “Es como volver a respirar. Pensábamos que lo íbamos a perder todo. Nadie nos ayudaba y muchos no sabíamos ni qué hacer. Pero ahora ya podemos dormir tranquilos”, comentó una madre de familia que vive en la colonia María Luisa.

Tras años de vivir a la deriva legalmente, la justicia finalmente llegó para miles de yucatecos. Y con ella, la oportunidad de reconstruir su futuro sobre tierra firme.