ISLA MUJERES, Q. Roo, jueves 23/01/25.- La administración de Isla Mujeres, encabezada por Atenea Gómez Ricalde, está en el centro de un escándalo que promete ser uno de los más significativos en la historia reciente de Quintana Roo.
La aprobación de la conocida como “Ley de Extinción de Dominio”, apodada por algunos como la “Ley Mara”, se ha convertido en el arma legal para lo que muchos isleños y observadores políticos denuncian como un mega atraco de tierras públicas.
El foco de este conflicto es el aeródromo de Isla Mujeres, un terreno de 10 hectáreas que desde su inauguración en 1964 por el entonces presidente Adolfo López Mateos, ha servido a la comunidad en diversas capacidades, incluyendo su uso como base aérea durante la Segunda Guerra Mundial.
Hoy, bajo la administración de Atenea Gómez y con la influencia de su madre, Alicia ‘Licha’ Ricalde Magaña, este terreno está en riesgo de ser convertido en un lucrativo desarrollo inmobiliario, comercial y residencial, beneficiando directamente a la familia política de Gómez Ricalde.
La historia de corrupción de la familia Ricalde no es nueva. Alicia Ricalde, quien gobernó hace 15 años, y su hija Atenea, ya han sido asociadas con prácticas corruptas, incluyendo el cobro de “moches” y vínculos con figuras políticas notorias por su historial turbio, como Miguel Ramón Martín Azueta.
Este entramado de relaciones y favores políticos parece haber preparado el terreno para lo que ahora se describe como el primer gran despojo bajo la nueva ley.
La maniobra para cambiar el uso de suelo del aeródromo y las áreas verdes adyacentes ha sido planeada con meticulosidad, aprovechando lo que muchos critican como lagunas en la legislación recientemente aprobada.
El objetivo es claro: vender las tierras a un grupo inmobiliario para el desarrollo de condominios de lujo, un proyecto que, según especialistas, podría colapsar el frágil sistema de agua y drenaje de la isla.
La comunidad de Isla Mujeres ha alzado su voz en contra de esta apropiación. Los isleños demandan que el terreno se utilice para proyectos de bienestar social como la construcción de un hospital general, una universidad y la ampliación de áreas verdes, en lugar de beneficiar los bolsillos de unos pocos.
Las acusaciones no solo apuntan a Atenea Gómez y su familia, sino también a diputados locales y figuras del gobierno estatal, que podrían estar involucrados o mirando hacia otro lado mientras se perpetra este acto.
La controversia no solo pone en entredicho la integridad de la administración actual de Isla Mujeres, sino que también cuestiona la legitimidad y moralidad de las nuevas leyes de enajenación y utilidad pública en Quintana Roo.
La “Ley de Despojo” se ha convertido en un símbolo de cómo las leyes, en manos equivocadas, pueden ser utilizadas para beneficiar a unos pocos a costa del patrimonio común.
Mientras la lucha por el aeródromo de Isla Mujeres continúa, la corrupción parece haber encontrado un nuevo terreno para proliferar, bajo la protección de una legislación que muchos ven como un instrumento de despojo más que de justicia o progreso social.