VALLADOLID, Yucatán, martes 23/07/24.- Nueve meses después, la Fiscalía Anticorrupción mantiene congelada la denuncia por cohecho contra el alcalde Alfredo Fernández Arceo, quien intentó ‘oficializar’ el cobro de un “moche”.
Fue en el lejano 14 de noviembre que integrantes de la Asociación de Restaurante de Valladolid A.C. (ARVAY) cuando interpusieron la denuncia en contra del presidente municipal, porque, bajo el agua, sin autorización del Cabildo ni plasmado en ley alguna quería que le pagaran $150 por permisos para vender licores.
ASENTADA Y CONGELADA: La denuncia de los restauranteros de la ARVAY quedó asentada con el número de carpeta 3362/2023 y también quedó “congelada” desde entonces, pues la Fiscalía Anticorrupción no ha movido un solo dedo para investigar el caso.
‘INSTITUCIONALIZA’ UN “MOCHE”: Un día antes, el lunes 13, en una muestra de su terquedad y prepotencia, el alcalde Alfredo Fernández Arceo propuso y se lo aprobó el Cabildo, que el permiso para vender licor en un restaurante sea de $154 mil, lo que daña la economía de los restauranteros y pone en peligro fuentes de trabajo.
Como publicó El Grillo, todo disfrazado, el alcalde sometió ayer lunes al Cabildo la aprobación de los permisos, en UMAS no en pesos: 280 UMAS por la licencia de funcionamiento, más 1200 UMAS por la anuencia de alcohol, para un total de 1,480 UMAS, es decir $154,000 pesos aproximadamente.
MÁS TERCO QUE UNA MULA: En vez de buscar el diálogo o de reconocer que estaba mal que pidiera un moche de $150 para permitir la venta de alcohol en restaurantes, el terco y soberbio alcalde quiere volver ley los moches que pedía por debajo del agua y con la complicidad de cinco regidores lo logró; cinco de los 11 ediles votaron en contra de esta aberración.
JUSTICIA CIEGA, LENTA Y CORRUPTA: SEIS meses y 14 días después de la denuncia, hasta ahora la Fiscalía Anticorrupción se ha NEGADO a investigar esta querella y sigue en la “congeladora”.
MESES DE TRABAS: Burocrática y corrupta, la Fiscalía Anticorrupción le dio muchas largas para aceptar la denuncia de la ARVAY, que desde junio de 2023 empezó a tratar de interponerla, pero no se la aceptaban con cualquier pretexto, hasta que el 13 de noviembre el alcalde cometió el error de “institucionalizar” el ‘moche’, con lo que fue una prueba contundente y a la Fiscalía no le quedó más remedio que aceptar la querella.
Ahora, la ARVAY exige que la Fiscalía Anticorrupción se ponga a trabajar y lleve el caso a un proceso penal, que llevaría al todavía alcalde a una inhabilitación de varios años para que ocupe un puesto de elección popular o en cualquier institución pública.