DZIDZANTÚN, Yucatán, martes 19/09/23.- Mientras que el titular de la ASEY Mario Can Marín refleja su incompetencia o su corrupción, pues NUNCA ha podido encarcelar a nadie, alcaldes como Ismael Aguilar usan hasta los nombres de muertos para desviar recursos del erario municipal.

En las listas de apoyos económicos del trimestre enero- marzo del 2023, que el alcalde Ismael Aguilar mandó a bajar de la plataforma de trasparencia municipal, aparecen los nombres de personas que fallecieron en el año 2022, pero que recibieron o “COBRARON” más de 3,000 pesos en enero del 2023.

HASTA LOS MUERTOS COBRAN: En una lista aparece Eunice U.E., quien falleció en mayo del 2022, pero a la que, según el listado le dieron apoyo social en enero de este año. Los nombres de personas muertas o que viven en otros municipios como en el puerto de Chabihau, que pertenece a Yobaín, aparecen en estas listas de personas vulnerables y de escasos recursos que cobraron hasta $20,000 por el concepto 4411 ayuda social.

ARTIMAÑAS PARA ROBAR: De esta manera queda al descubierto una artimaña más de la corrupta administración del alcalde Ismael Aguilar y de los regidores que forman el Cabildo, pues utilizan copias de credenciales y falsifican las firmas de personas muertas o personas que viven en otro municipio para simular que se les entrega varios miles de pesos como apoyo social.

ANTECEDENTE: Una de las beneficiadas dijo que nunca recibió los 20 mil pesos durante los meses de enero a marzo; precisó que en el 2021 recibió un apoyo de vivienda del gobernador Mauricio Vila, pero jamás recibió nada del Aguilar Puc, quien quizás puso el apoyo que me dio Mauricio Vila, como beneficiario de ayuda social para poder cobrar doble el dinero, aseguró la mujer.

Semanas atrás tres personas que asoman en la lista de beneficiarios encararon al edil Ismael Aguilar por que utilizo sus nombres, credenciales y falsificaron sus firmas, para simular que se les entregó más de 15 mil pesos, dinero que nunca recibieron del corrupto primer edil.

DENUNCIA EN PUERTA: Los afectados analizan si denuncian penalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, así como llevar la documentación e interponer una queja ante la Auditoria Superior del Estado ASEY y la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública del Congreso del Estado para que se inicie una investigación por el caso.