El PRI de Yucatán presentó una iniciativa en el Congreso que ha generado opiniones encontradas por ser carente de lógica. La propuesta establece una supuesta paridad de género en el cargo a Gobernador de Yucatán, lo cual ha sido objeto de críticas.

La iniciativa fue aprobada y plantea una disposición por la cual, si un partido político postula a una mujer en una elección en la siguiente ocasión deberá postular a un hombre. Esa disposición es en el fondo totalmente inconsistente

En primer lugar, limita las oportunidades para que las mujeres compitan por la posición de gobernadora, ya que tendrían que esperar seis años si un hombre es postulado por su partido. Del mismo modo, esta regla también afectaría a los hombres en caso de que se postule a una mujer.

La disposición plantea un desafío en términos de igualdad de oportunidades, méritos y virtudes en la política. Al establecer un límite temporal basado en el género se corre el riesgo de restringir la participación y el acceso equitativo de los candidatos o candidatas más calificadas, sin tener en cuenta sus capacidades y propuestas.

Para promover este tipo de políticas, es importante observar cómo otras sociedades han abordado estas controversias y han buscado resolverlas.

Por ejemplo, en Europa se ha debatido sobre este tema desde la década de los noventa y en años recientes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido fallos determinando que la legitimidad de las prácticas de paridad depende del procedimiento específico propuesto. Se reconoce que cualquier individuo puede encontrar obstáculos en la consecución de sus objetivos legítimos debido a políticas de promoción de la igualdad, pero no se le puede impedir lograr sus metas.

Para evaluar si esa política de paridad promovida por el PRI afecta o impide que una persona logre su legítimo interés de ser gobernador, así como para comprender los efectos que la implementación de dicha política tendrá, es fundamental conocer el procedimiento específico utilizado.

Y precisamente la iniciativa priista si impide que las personas, a causa de su género, logren una meta legitima determinada, no explica los efectos sociales que pretende alcanzar de manera clara, no hay procedimiento para su aplicación en casos especiales y no hay medidas que aclaren como evita afectar los derechos básicos de los individuos.

Existen incluso feministas, como McKluskey, que se oponen a estas medidas, argumentando que contribuyen a perpetuar la subvaloración de las mujeres. Según su perspectiva, estas medidas podrían impedir que las mujeres sean reconocidas por sus capacidades y logros, ya que se accede a los cargos a través de privilegios en lugar de sus capacidades. Además, sostienen que estas políticas podrían tener un efecto social contrario al pretendido.

Durante mi experiencia en la política, he constatado una realidad que menciona el psicólogo clínico Jordan Peterson, que en la búsqueda de cargos como el de gobernador se presenta una hipercompetitividad que implica horarios de trabajo exigentes, demandas y sacrificios personales significativos, y existe un grupo de personas dispuestas a renunciar a muchas cosas, tiempo con su familia y a sus propios recursos para alcanzar su sueño de servir desde un puesto de alto nivel de decisión.

Considero injusto que una mujer que ha decidido asumir esos sacrificios y ha demostrado su capacidad, deba esperar 6 años para ser considerada como candidata por su partido político solo por ser mujer. Lo mismo ocurre en el caso de los hombres. Esta limitación basada en el sexo de una persona contradice los principios de igualdad y afecta a aquellas y aquellos que están dispuestos a dedicarse plenamente a su carrera política.

Debemos trabajar para la eliminación de cualquier forma de discriminación hacia las mujeres, poniendo fin a la abominable violencia y asegurando que sus voces sean escuchadas y valoradas. Es fundamental luchar por la plena libertad de las mujeres para que puedan vivir en un país donde tengan la libertad de lograr sus sueños. Sin embargo, para lograrlo, debemos buscar un equilibrio justo.

En el caso particular de esa iniciativa hecha por el PRI se evidencia una falta de análisis, basado únicamente en una evaluación superficial de las cosas. A la hora de formular políticas públicas es importante un análisis riguroso que considere todas las implicaciones derivadas de ellas.

*Luis Acereto, ex funcionario público