MÉRIDA, Yucatán, miércoles 10/05/23.- El polémico alcalde de Valladolid, Alfredo Fernández Arceo tendrá que entregar, en siete días, la documentación completa de la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre del 2022 y realizar una nueva sesión de Cabildo de ese mes.
Aunque no les dio a los regidores la información de la cuenta de ese mes, éstos lo denunciaron y el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) concluyó que es procedente la denuncia y obliga al alcalde a convocar a una nueva sesión de Cabildo y entregar toda la información del mes de diciembre.
Este alcalde tiene graves problemas con los empresarios, los critica, los sobaja, los ofende y calumnia, pero lo más grave es que pide un ‘moche’ de $150,00 para poder entregar un permiso de venta de bebidas alcohólicas en restaurantes, además del pago que marca la ley que son $30 mil.
El TEEY concluyó que es como fundada la denuncia promovida por dos regidores del Ayuntamiento, Yolanda Guadalupe Tores Bautista y Antonio Núñez Chi, quienes pidieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC), expediente 004/2023, en contra del alcalde Alfredo Fernández Arceo y el secretario municipal Manuel Jesús Loría Santoyo.
En sesión pública, el pleno del TEEY votó de manera unánime a favor del proyecto de la magistrada presidenta, Lissette Cetz Canché, en el que se señala que las autoridades responsables no cumplieron con lo señalado en el artículo 63 Fracción VI de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en el que se indica que a los regidores se les debe entregar la documentación relativa a la Cuenta Pública –información contable, información presupuestaria, información programática e información complementaria- en un plazo previo de tres días antes de la sesión de Cabildo para su aprobación.
La magistrada explicó que el alcalde y el secretario municipal vulneraron el derecho político-electoral de ser votado de los denunciantes, en la modalidad de desempeñar el cargo para el cual fueron electos, al no proporcionales la información y documentación necesaria para analizar la Cuenta Pública de diciembre de 2022.
El alcalde sólo les proporcionó un estado de resultados en la sesión de Cabildo del 14 de febrero del año en curso, lo que obstaculizó la oportunidad de que los regidores puedan discutir y emitir su voto en los puntos sometidos a consideración en dicha sesión.
A fin de restituir el derecho violentado de los regidores, el TEEY determinó dejar sin efectos el acta de Cabildo de esa fecha, en el que se aprobó la cuenta pública y, en consecuencia, revocar los acuerdos tomados en éstas por estar viciada de origen.
Por tanto, a fin de que los promoventes gocen de su derecho político-electoral de ser votado, se ordenó que, en un plazo no mayor a siete días hábiles, el Ayuntamiento de Valladolid convoque a una nueva sesión de Cabildo, para someter nuevamente a consideración de los regidores los puntos tratados en la sesión que quedó sin efectos, proporcionándoles toda la documentación necesaria para la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre del año pasado.