VALLADOLID, Yucatán, martes 04/04/2023.- Al seguir con su venganza y odio contra los empresarios, el alcalde Alfredo Fernández Arceo comete el delito de cohecho, al exigir $150 mil para dar permiso para la venta de cervezas en restaurantes.
“La actuación del presidente municipal viola la ley y, más aún, comete el delito de cohecho al solicitar dinero para la aprobación gubernamental de licencias de funcionamiento, además de que, debido a las violaciones sistemáticas a la ley que hace pueda ser sujeto a Juicio Político de parte del Congreso del Estado”, afirmó Ángel Herrera Villanueva, abogado de la Asociación de Restaurantes Valladolid, A.C.
Además, el entrevistado aseguró que si el alcalde no corrige de inmediato este abuso, lo denunciarían penalmente.
Los empresarios afiliados a la organización restaurantera afirman que el alcalde Fernández Arceo quiere que le den a $150 mil como “donativo”, más lo que marca la Ley de Hacienda de Valladolid, que corresponde a 280 UMAs equivalentes a $29,047.02, o sea un total de $179 mil por permiso.
El Artículo 86 de la Ley de Hacienda del municipio marca como único pago para obtener la anuencia de venta de bebidas alcohólicas en restaurantes el derecho de 280 UMAs, de modo que la exigencia del donativo forzoso de parte del presidente municipal está fuera de lo legal.
El mismo Fernández Arceo, ante el cuestionamiento de algunos regidores, ha manifestado públicamente en sesiones de Cabildo de fechas 8 de agosto de 2022 y 30 de marzo del presente año, que, en efecto, el Ayuntamiento no entregaría la anuencia para vender bebidas alcohólicas en restaurantes, a menos que los dueños de los mismos den el donativo de $150 mil.
Sorprendentemente, la tonta y corrupta justificación del alcalde para solicitar el donativo “obligatorio” es que en administraciones anteriores también se incurría en este tipo de prácticas arbitrarias e ilegales, de modo que él mismo ha denunciado a presidentes municipales predecesores por presuntos malos manejos del erario.
La Asociación de Restaurantes de Valladolid espera que la respuesta del Ayuntamiento se ajuste a la legislación vigente, restableciendo el orden normativo, a fin de evitar que sea necesario solicitar una eventual intervención del Poder Legislativo Local o del Gobierno del Estado.