PROGRESO, Yucatán, sábado 18/03/23.- Totalmente desobligado y muy mal padre, que desde hace cuatro años no ve ni mantiene a sus hijos, vincularon a proceso penal al empresario pesquero Karim M.R.C., a quien le embargaron una de sus propiedades.

Ayer viernes vincularon a proceso penal a este mal padre, quien debe poco más de un millón de pesos de pensión alimenticia y gastos de sus dos hijos menores de edad.

En el colmo de su desfachatez, este sujeto pretendió justificar que ha pagado una pensión, sin embargo, el Juez penal le recalcó muy fuerte que la pensión ya está fijada desde el año 2019 y año tras año ha sufrido incrementos.

Además, el juzgador le dijo que no puede pagar lo que quiera ni cuando quiera, ya que para eso está la autoridad familiar que es la que vela por el interés superior de los menores y ya fijó la pensión.

En la audiencia se dijo que Karim se ha negado a cubrir diversos gastos de sus hijos menores de edad, gastos a los que él mismo se comprometió y firmó en un acuerdo celebrado ante el Juez Primero de Oralidad Familiar en el año 2019.

Esta autoridad familiar le ha requerido en infinidad de veces que pague las diferencias y todo lo adeudado, pero el empresario se ha negado a cubrirlo, a pesar de que es un importante empresario en el sector pesquero del puerto de Progreso y tiene los medios económicos suficientes para cubrir los gastos necesarios de sus hijos, tales como alimentos, salud y educación.

Ante esta reiterada negativa del empresario, la madre de los dos menores, para velar por los derechos humanos de sus hijos, lo denunció penalmente.

En la audiencia también se dijo que este “caballero” no ha visto a sus hijos desde hace más de cinco años y no asiste a las convivencias acordadas y fijadas en sentencia, de modo que que se nota el claro desinterés, tanto económico, como moral para con sus hijos menores de edad.

Parte de las medidas de cautelares que el juez de control dictó en contra de Karim fueron acudir periódicamente a firmar al Centro Estatal de Medidas Cautelares, tiene prohibido salir del estado sin autorización judicial así como el embargo de una de sus múltiples propiedades.