MÉRIDA, Yucatán, jueves 24/11/22.- La Segunda Sala Colegiada Mixta del Sistema de Justicia Acusatorio de Yucatán exhibió de nuevo la colusión del juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda con Arturo Millet Reyes, a quien vinculó a proceso penal.

El juez, en un evidente acuerdo, se supone monetario, lo exoneró y sobreseyó un expediente en contra del ex dueño de los Venados de Yucatán, por abuso de confianza, de poco más de $117 millones, de los que despojó a un grupo de inversionistas yucatecos.

El empresario, impulsor del Coliseo Yucatán y ex propietario de los Venados de Yucatán, fue beneficiado por Bonilla Castañeda el 2 de mayo de este año cuando decidió no vincularlo a proceso por el delito de abuso de confianza, alegando que se trataba de un asunto mercantil, el haberse quedado con esa suma de dinero.

Ayer, los magistrados José Rubén Ruiz Ramírez, Ingrid Priego Cárdenas y Leticia Cobá Magaña analizaron detenidamente los elementos que constan en la carpeta de investigación en contra del empresario y decretaron que no había lugar al auto de no vinculación y en automático vincularon a Millet Reyes.

Luego ordenaron que el juez de control Rómulo Bonilla, en una audiencia, le imponga las medidas cautelares al empresario, en el toca 56/2022, pues no hubo un error jurídico.

En otro juicio, el 17 de junio, tres jueces del Tribunal Primero de Enjuiciamiento condenaron a Millet Reyes a 4 años de cárcel y que pague 2.8 millones de dólares, al encontrarlo responsable del delito de abuso de confianza equiparado agravado en contra de inversionistas yucatecos.

La defensa del condenado promovió un recurso de casación para revertir ese fallo en su contra.

Antes lo apoyó el exmagistrado presidente del Poder Judicial, Ricardo Ávila Heredia, quien es amigo íntimo del abogado defensor del empresario.

Millet Reyes había depositado en efectivo en una sola exhibición una garantía económica de 250 mil pesos para garantizar su libertad, pero el juez lo liberó y le devolvió su dinero.

En mayo de este año publicamos que, ante la fuerte sospecha de colusión, los empresarios afectados por el fraudé de $117 mdp que les hizo Arturo Millet Reyes, demandarán y recusarán al juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, quien exoneró al ladrón y hasta le devolvió el dinero que depositó como fianza, denunciaron los afectados.

Incluso advirtieron que demandarán al juez ante la Fiscalía Anticorrupción, en busca de poner fin a la mala actuación del juez y del defraudador, que se pasea impunemente y de quien sospechan que sobornó al juzgador.

A Arturo Millet lo denunciaron los inversionistas José Luis, Daniel Florentino y Aurelio Ernesto R.R, al igual que José Antonio C.B., Manuel Tomás M.F., Alfredo R.M. y Guillermo Andrés W.M.

Debido a la confianza que existía entre ellos, derivada de diversas operaciones comerciales de compra y venta de terrenos en las que intervinieron antes, los querellantes le entregaron 117 millones 810 mil pesos, en calidad de depósito para que gestione a favor de ellos la escrituración de varios inmuebles, inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo y en el catastro de Isla Mujeres.

Esto quedó asentado en un documento el 24 de septiembre de 2013, firmado por Millet Reyes y ratificado en todas sus partes por éste el 9 de diciembre de 2013, ante el abogado Fernando A. Castilla Patrón, titular de la Notaría Pública Número Setenta del Estado.

En el mismo documento quedó pactado que, antes del 24 de enero del año 2014, en rendición de cuentas por la cantidad que le entregaron quedaría escriturado a favor de los querellantes los inmuebles o les reembolsaría la totalidad del dinero dado para tal fin; se acordó que Millet Reyes no usaría el dinero para fines diversos a los pactados.

Sin embargo, al llegar la fecha acordada, Millet Reyes incumplió, ya que hasta el presente no les ha dado las escrituras de los inmuebles ni les ha reembolsado el dinero que le entregaron, a pesar de que ya fue requerido por la vía judicial para ese efecto, en el expediente 755/2014 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria que promovieron los agraviados a fin de requerirle respecto de su gestión, causando con su conducta un detrimento en el patrimonio de éstos.