MÉXICO, miércoles 05/10/22.- Con 87 votos a favor de legisladores de Morena, el PRI, PRD, PT, PES y PVEM, el Senado aprobó ayer extender hasta 2028 la militarización de la seguridad pública, reforma constitucional que respalda el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Con 87 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones (queda) aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia de Guardia Nacional”, declaró el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier.
El dictamen aprobado por los senadores, dijo Armenta Mier, se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados.
Con la aprobación se modifican el artículo quinto transitorio del decreto por el que se creó la Guardia Nacional en marzo de 2019 para que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad pública hasta 2028 y no hasta 2024, como originalmente se aprobó.
Esta reforma establece que se etiquetarán recursos para las policías estatales y municipales a partir de 2023 y se crea una comisión bicameral que hará la evaluación y seguimiento de las actividades de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, entre otros.
Esto usando criterios más objetivos con indicadores cuantificables y verificables, así como la comparecencia del gabinete de seguridad y la entrega de informes semestrales.
La aprobación ocurrió tras un ríspido y largo debate, que transcurrió entre fuertes discusiones y descalificaciones de los senadores opositores, en especial del Partido Acción Nacional (PAN), y los del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente López Obrador.
La aprobación se dio en una etapa en la que crece la controversia en el país por las políticas de militarización de López Obrador, quien este septiembre promulgó una reforma legal que traslada al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que él prometió mantener civil al crearlo en 2019.
Hace una semana, un grupo de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtió que estas reformas “han sido impulsadas en detrimento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”.
La actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha causado polémica en México por afrontar acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza.
López Obrador, quien en campaña prometió devolver los soldados a los cuarteles, justificó el uso de los militares en tareas de seguridad para enfrentar el crimen.