MÉRIDA, Yucatán, domingo 14/08/22.- Mientras que a un ladrón lo encarcelan por robar una bici, a políticos los exoneran y los dejan libres, aunque hayan robado millones como al exalcalde de Tahmek, Juan José G.G. y su extesorero, Freddy R.C.

Estos dos sujetos, en el año de Hidalgo, top a ná el que deje algo robaron 2 millones 737 mil 190.50 pesos, pero la juez de control de Kanasín, Mariza Virginia Polanco Sabido no halló prueba$ y los exoneró, aunque la Fiscalía Anti Corrupción apelará esta absurda decisión de esta mujer.

De manera absurda, esta juez dijo, contra toda lógica, pero movida seguramente por la lógica del interés, que, debido a que las facturas están vigentes -de los supuestos gastos que hicieron los exfuncionarios-, sí se efectuaron los servicios, que no han sido comprobados en su realización.

Incluso agregó, exhibiendo incoherencia, que los dichos de los testigos no son suficientes para acreditar la simulación de los presuntos gastos.

Sin embargo, la juez no razonó el concepto de servicios, que puede prestarse a una simulación y para la elaboración de documentación para ocultar un ilícito.

En fin, $atisfecha por su ilógica conclusión, esta juez los exoneró y ambos exfuncionarios recuperaron su libertad.

El 14 de agosto del 2020, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, por medio de Mario Can Marín, denunció a estos políticos, ya que en una auditoría detectaron irregularidades por montos de 1’091,040.90 pesos, 394,490.82 pesos, 611,198.78 pesos y 630,460.00 pesos.

Solicitaron la detención de ambos exfuncionarios, que fueron imputados y privados de su libertad de manera provisional.

Este robo fue en 2018 y los denunciaron porque la ASEY detectó movimientos inusuales en los últimos días de la administración saliente, por compras en efectivo y que superaban el límite para la adjudicación directa.

La ASEY avisó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y después de agotar varias líneas de investigación determinaron que las operaciones no se justificaban, por lo que se ejercitó acción penal en contra de los servidores públicos del trienio 2015-2018, presidente y tesorero.