MÉRIDA, Yucatán, martes 14/06/22.- No es lo mismo dirigir al Isstey y desfalcarlo, con la impunidad que le dio “Balo” (Víctor Cervera Pacheco) y luego la peor gobernadora que ha tenido Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, que hacer un amparo, algo de trámite para los estudiantes de Derecho.

Un juez le negó el amparo que promovió la magistrada Ingrid Priego Cárdenas, debido a que los actos que reclamaba ya son hechos consumados y luego de que se le pidiera rehacer el documento que presentó, pues no se entendía lo que solicitaba.

“Estos actos ya se llevaron al cabo, de modo que se trata de actos consumados, contra los cuales es improcedente conceder la suspensión”, señala la sentencia en la que se le responde a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.

La negación del amparo se fundamenta en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional que solicita respecto de los actos reclamados y se le negó porque “esos actos ya se llevaron al cabo, por lo que se trata de actos consumados, contra los cuales es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios”.

Ingrid Priego ocupó la dirección del ISSTEY (que actualmente está en banca rota) en la época de Víctor Cervera Pacheco, pero con la llegada de Ivonne Ortega Pacheco a la gubernatura la promovió como magistrada en materia mercantil.

Como publicamos, Leticia Cobá Magaña, Ingrid Priego Cárdenas y José Rubén Ruiz Ramírez presentaron sendos amparos contra algunas disposiciones de la reciente reforma del Poder Judicial, ya que consideraban que atentaban contra sus derechos, sobre todo porque todavía les faltaban más de tres años para concluir el periodo de 15 años que les corresponde.

Sin embargo, días después un juez federal los exhibió como “Más brutos que una lata de gas”, ya que les llamó la atención por no redactar correctamente los amparos que promovieron para, según ellos, defenderse de las reformas que entraron en vigor recientemente.

El juez les llamó la atención porque los tres magistrados que no pudieron redactar con claridad lo que alegaban y se les dio un plazo de cinco días para que redacten el documento e nuevo, pero que esta vez lo hagan bien.