MÉRIDA Yucatán, jueves 26/05/22.- Por unanimidad el Congreso del Estado aprobó la creación de la Ley de Desarrollo Social de Yucatán, a fin de fortalecer las acciones para revertir la pobreza en Yucatán, iniciativa que propusieron estudiantes de la Facultad de Derecho y que apoyó el PRI.

Con esto, Yucatán dejará de ser el único estado del país sin una Ley de Desarrollo Social, y que ahora el estado tiene un instrumento funcional y apegado a los derechos fundamentales para prevenir, combatir y eliminar la pobreza y marginación.

La presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, Karla Franco Blanco, destacó la labor que un grupo de 85 estudiantes idealistas de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), quienes propusieron esta ley.

“Se arriesgaron, lucharon e invirtieron tiempo y esfuerzo para cumplir con el valor ciudadano de promover una iniciativa popular, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), la cual fue respaldada por unas 5 mil firmas”, precisó.

De acuerdo con el coordinador de la bancada tricolor en el Congreso del Estado, Gaspar Quintal Parra, esta nueva ley consta de 64 artículos, la cual plantea que haya un presupuesto progresivo para las políticas de desarrollo social, con la intención de que nunca sea menor al ejercicio fiscal anterior. También determina indicadores de medición e inversión de infraestructura social básica en zonas de atención prioritaria para disminuir la pobreza y la pobreza extrema.

Con la ley se creará una comisión intersecretarial que tenga la responsabilidad de integrar un Padrón Único de Beneficiarios que permita redirigir las acciones hacia una política integral objetiva, alejada de manejos opacos en la conducción de la política social.

Habrá un consejo consultivo integrado por ciudadanos del sector académico, científico, cultural y social que participe en la creación de programas y estrategias que coadyuven a la política social de desarrollo.

También deberá integrase la contraloría social como un mecanismo ciudadano, integrado por beneficiarios y sociedad civil organizada, para vigilar y dar seguimiento a la aplicación, ejecución y asignación del presupuesto a los programas sociales.

Esta ley busca combatir y definir los índices de pobreza y marginación, para aplicarlos donde más se necesite y que el ciudadano participe en la labor fiscalizadora para evitar un mal uso de recursos.

“Es un dictamen histórico, resultado de la voluntad política y la construcción de acuerdos, que nos permiten entregar buenos resultados como Congreso a toda la infancia, a las mujeres, y a los hombres de Yucatán para incorporarlos y garantizarles una mejor calidad de vida con el acceso al derecho humano del desarrollo social”, Dijo Quintal Parra al parafrasear a Karla Franco.