MÉRIDA, Yucatán, jueves 31/03/22.- A fin de ayudar a las familias de escasos recursos y de sancionar la voracidad de los notarios públicos, el PRI propuso una iniciativa para aplicar una tarifa social con precios bajos, del 50% menos de los costos y castigar a los notarios que violen la ley.

La iniciativa también propone imponer de 4 a 8 años de prisión y una multa de 200 a 360 unidades de medida de actualización, y cancelación definitiva de su patente, al notario público que en el ejercicio de sus funciones viole la ley.

También propone que, a la persona que cometa delitos usando servicios notariales, proporcionando al notario información o documentos falsos, se le impondrá una pena de 3 a 6 años de prisión y multa de 100 a 300 unidades de medida de actualización.

El coordinador de la bancada tricolor en el Congreso del Estado, Gaspar Quintal Parra, propuso ayer una iniciativa, durante la sesión del pleno del Congreso, para reformar la Ley del Notariado y el Código Penal.

“También quiero enfatizar que estamos del lado de los que menos tienen y con la tarifa social pagarán 50% menos de los honorarios por los servicios de los notarios, sin considerar los pagos de patentes y derechos. Esta tarifa aplicará cuando el costo del trámite represente al menos un 30% de lo que el ciudadano gana al mes, siempre que acredite carencia de recursos económicos”, afirmó.

Al abundar en la iniciativa, Quintal Parra dijo que para llevar al cabo una reforma profunda de la función notarial debe existir un diálogo, por medio de una amplia convocatoria que involucre a los notarios actuales y futuros, a los usuarios de estos servicios, empresarios, profesionales del derecho, colegios, universidades, y a todo ciudadano interesado en este rubro.

“Es necesaria una reforma que tenga tres objetivos principales: Bajar los costos de los servicios notariales, haciéndolos asequibles para los que menos tienen; asegurar su accesibilidad a toda la población, principalmente de los municipios del interior del estado, y garantizar la actuación honesta de quienes ejercen la actividad notarial”, subrayó el priista.

Propuso una consulta, en la que se aborden todos los aspectos, desde los precios de los servicios, las formas de asignación de las notarías, la temporalidad del encargo y las sanciones a faltas en el ejercicio del mismo.

“Que sea una consulta que permita modernizar la regulación de esta actividad, garantizando el enfoque social de la función notarial”, subrayó.

Quintal parra también explicó lo siguiente:
Se propone sancionar al notario que expida una certificación de hechos que no sean ciertos o que por engaño o sorpresa hagan que alguien firme un documento público que no habría firmado sabiendo su contenido; en este último caso se consideraría una agravante si el afectado es una persona mayor a 60 años.

Se le castigaría también por falsificar instrumentos o documentos, en los que dé cuenta de actos inexistentes; si se atribuye a él mismo o a un tercero un nombre, investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto al extender un documento; o si formaliza o da fe de algún acto que implique la comisión de un hecho delictivo siempre que haya conocido la ilicitud del acto de manera previa a la formalización o que conociera el uso indebido que se pretendía dar posteriormente al documento expedido por él.

En los casos en que el notario partícipe certificando actos que pudieran considerarse fraudes de tierras o patrimoniales será sujeto a sanciones y si el fedatario tenía conocimiento de que el inmueble es propiedad de otras personas, la sanción aumentará en una mitad.