MÉRIDA, Yucatán, 22/01/2022.- La Fiscalía General de la República (FGR) notificó a Ivonne Ortega Pacheco que se abstiene de investigar la denuncia por la cancelación del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) del Hospital de Ticul contra Rolando Zapata Bello y/o quien resulte responsable, pues considera que el delito prescribió en diciembre de 2019.
Como publicamos, la ex gobernadora y hoy diputada federal por Movimiento Ciudadano denunció el pasado 3 de noviembre a su sucesor Zapata Bello por la cancelación del mencionado contrato con la empresa Marhnos, además de la paralización de la obra durante 10 años.
Apenas a finales de octubre las gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal permitieron que se destrabara el conflicto y que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que el IMSS concluirá y administrará el hospital.
En un comunicado de la diputada Ivonne Ortega Pacheco se menciona que el delito identificado por la autoridad ministerial como aplicable al imputado es abuso de autoridad, en su hipótesis “cometido por el servidor público que indebidamente niegue a los particulares un servicio que tenga la obligación de darles”, previsto en el Artículo 215 fracción III del Código Penal Federal, y sancionado con pena de uno a ocho años de prisión y de cincuenta hasta cien días multa.
El Ministerio Público Federal considera que el delito se consumó en mayo de 2015, con la cancelación del PPS, y de esa fecha a la actualidad no se practicó ninguna diligencia para investigar ni, en consecuencia, sancionar el ilícito, por lo cual se actualizaría la “prescripción de la acción penal del delito en estudio”.
El equipo jurídico de Ivonne Ortega Pacheco, denunciante en el caso, asegura que no es el único delito imputado a Rolando Zapata Bello y/o quien o quienes resulten responsables, y hay discrepancia sobre la catalogación de la temporalidad del ilícito, motivo por el cual se exploran las vías legales para hacer valer el precepto ya identificado, para que no quede impune.