MÉRIDA, Yucatán, viernes 07/01/22.- En la primera semana del presente año, 22 trabajadores y 4 jueces del Poder Judicial del Estado han dado positivo y confirmado que padecen Covid, sin que por el momento se suspendan las actividades en las distintas sedes de dicha institución en el Estado, que registran retrasos y aplazamientos.

Fuentes del Poder Judicial, no de la Unidad de Comunicación Social y Protocolo, que ha sido omisa para informar oportunamente a la población sobre los riesgos de contraer la enfermedad al acudir a las distintas sedes, han levantado la voz de alarma para que se redoblen las medidas sanitarias.

Los jueces enfermos que se ha confirmado han dado positivo son Wilbert Hernán Vidal Pech, juez mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado con sede en Tizimín; Niger Desiderio Pool Cab, juez de juicio oral del Primer Tribunal.

María del Socorro Tamayo Aranda, juez de juicio oral del Tribunal Segundo, y Elsy del Carmen Villanueva Segura, juez de control del primer distrito judicial del Estado con sede en Mérida.

Incluso, la juez de control Ileana Georgina Domínguez Zapata fue reportada la tarde de ayer como caso sospechoso de Covid, justo antes de llevar la audiencia de vinculación del homicidio cometido en el fraccionamiento del Prado Chuburná, que se efectuará este sábado.

Ante la nueva ola de contagios, los trabajadores del Poder Judicial del Estado piden que sean supervisadas las acciones del Consejo de la Judicatura por alguna otra dependencia u organismo autónomo, porque las labores preventivas que, si bien se han anunciado oficialmente, ha quedado demostrado ser insuficientes y poco efectivas.

También que no se deje desprotegido al personal que aún labora a costa de su propia salud y que se apoye a todos los que han contraído la enfermedad, pues siempre los han dejado a su suerte.

Recalcan que no quieren dejar de laborar, sólo que con sus compañeros enfermos la carga de trabajo se ha incrementado demasiado.

Por eso se han dado retrasos en audiencias y en el cumplimiento de los plazos legales.

Temen que ante la presencia de la variante ómicron (B.1.1.529) del SARS-CoV 2 en nuestro Estado, más de sus compañeros e incluso ellos mismos se enfermen.